El juez y la Fiscalía vuelven a poner en su punto de mira a la infanta Cristina

De nuevo de la mano y, otra vez, con la infanta Cristina en su punto de mira. Juez y Fiscalía apartan sus diferencias sobre la, por ahora, fallida imputación de la hija del Rey y se alían para ampliar la investigación a fin de comprobar si la duquesa de Palma, como dejó entrever la Audiencia Provincial, pudo haber incurrido en un delito fiscal y en otro de blanqueo de capitales, principalmente como copropietaria de Aizoon, la empresa usada para desviar más de 1,5 millones de euros desde el Instituto Nóos y para facturar supuestos trabajos de asesoramiento ficticios.

José Castro desestimó ayer los recursos planteados por la infanta e Iñaki Urdangarin contra la decisión del magistrado de incorporar al sumario como prueba las diez últimas declaraciones de la renta del matrimonio. El juez, que confirma su auto en el que reclamó a Hacienda esos documentos, ya tiene en su poder tanto las declaraciones de la hija menor de don Juan Carlos como las de su marido, pero solo ha incorporado al sumario las de Urdangarin.

Según esos documentos, el duque multiplicó por 18 sus ingresos anuales -de 30.783 a 571.844 euros entre 2002 y 2009-. Urdangarin jamás declaró al tipo impositivo que le correspondía por los trabajos de asesoramiento que realizó a diferentes empresas.

Por el momento, y a pesar de haber confirmado su intención de incluir en el sumario las declaraciones de la infanta, no lo ha hecho «a la espera de determinadas decisiones». Castro, según fuentes judiciales, aguardará a hacerlas públicas a que la Audiencia Provincial de Palma decida sobre las alegaciones que el matrimonio ha hecho a la exhaustiva investigación fiscal a la que pretenden someterles.

No obstante, el juez avanza que su intención es incluir los documentos fiscales de la hija del Rey en el sumario y facilitarlos a las partes porque entiende que la publicidad de esas declaraciones no conculca el derecho a la intimidad de la infanta y su marido, como habían alegado ambos en sus recursos. Arguye que las declaraciones tiene una «obvia trascendencia» para la investigación -saber si se produjo un delito fiscal o no- y que si no se incluyeran en el sumario no podrían ser usadas como prueba.

La defensa de Urdangarin también había reprochado al juez el hecho de pedir a Hacienda las declaraciones de los duques sin siquiera preguntar a las partes. Castro recuerda al abogado Mario Pascual Vives que no tiene obligación legal de consultar sus decisiones de oficio.

«Incompleto»

De manera casi simultánea al auto de Castro contrario al matrimonio Urdangarin-Borbón, la Fiscalía hizo público su apoyo expreso a la investigación del matrimonio que pidió la Audiencia Provincial. El fiscal Pedro Horrach reclamó al juez que oficie a la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña para que haga un exhaustivo informe sobre la posibilidad de que la infanta hubiese podido cometer un delito fiscal.

La petición de Horrach se produce después de los duros reproches que la propia Audiencia Nacional hizo a Hacienda, a la que acusó de haber hecho un informe «incompleto» y lleno de «dudas» y lagunas. Unos comentarios que suscitaron el interés de UPyD e Inicitativa per Catalunya, que han presentado preguntas al Gobierno sobre la actuación de Hacienda con la infanta.

Según explicaron fuentes judiciales, el punto más complicado para la infanta, y que debería, esta vez sí, aclarar la Agencia Tributaria, es su situación como copropietaria de Aizoon al 50%. Las últimas revelaciones sobre esa sociedad se han vuelto muy delicadas. Sobre todo después de que este periódico publicara que las actas certificadas por Urdangarin mostraban que la hija de los Reyes participó en todas las reuniones de la Junta General Ordinaria de Aizoon, desde su nacimiento hasta la actualidad, y que de 2004 a 2012 aprobó con su voto tanto las cuentas anuales de la empresa como el «informe de gestión» de la firma.

Esa empresa, además de usarse para desviar dinero de Nóos al bolsillo de los duques, sirvió para que Urdangarin facturara no menos de 721.000 euros por asesorías ficticias a las empresas Mixta África, Aceros Bergara, Pernod Ricard, Altadis y Seeliger y Conde. Con esa táctica, según la Agencia Tributaria, se evitó pagar tipos impositivos mayores, tributando un 25% en vez del 40% que correspondería.