Rajoy impondrá el déficit asimétrico a las autonomías porque el consenso es imposible

Mariano Rajoy, pese a sus llamamientos conciliadores, da por descontado que no habrá consenso entre las comunidades sobre los objetivos de déficit e impondrá la fórmula de los techos asimétricos. El jefe del Ejecutivo, no obstante, hará un último intento y convocará a todos los barones del PP antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se convocará en junio o julio a lo más tardar. Mientras llega ese momento, la revuelta en las autonomías populares se extiende, y Castilla y León y Cantabria se sumaron a las críticas a que Cataluña tenga un objetivo de déficit más flexible. Pero «no hay frente común», advirtió el presidente madrileño, Ignacio González.

Hacienda trabaja a toda marcha para buscar una fórmula de déficit que contente a todas las comunidades, pero los expertos del Ministerio han concluido que en el contexto actual no se puede satisfacer a todas. El Gobierno, por tanto, hará valer su última palabra cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera aunque suponga contrariar a la mayoría de los barones del PP.

En La Moncloa insisten en que la asimetría no supone una discriminación y recuerdan que España es una de las beneficiadas con la relajación del déficit en la Unión Europea. Argumentan además que esta decisión no busca suavizar el pulso que mantiene con el Gobierno de Artur Mas por su proyecto soberanista, pero lo cierto es que Cataluña sería la comunidad más beneficiada con la receta de los déficit a la carta. Un informe de Hacienda establece que si la Generalitat tiene que cumplir con el 0,7% de déficit debería hacer un ajuste de 6.168 millones de euros, 1.600 más de los 4.500 millones que calcula el propio Ejecutivo catalán.

En cambio, un déficit del 2,1%, que es el mínimo que reclama la Generalitat, supondría un ajuste de entre 1.700 y 1.800 millones, que aún sería el mayor de todas las autonomías, pero en línea con los recortes de 2.000 millones practicados en 2011 y 2012. Unos razonamientos que no convencen a los barones del PP. Si la víspera fueron los gobernantes de Extremadura, Galicia, Madrid y Aragón los que hicieron públicas sus quejas, ayer se sumaron los de Castilla y León y Cantabria.

El portavoz de la Junta castellano-leonesa, José Antonio de Santiago, mostró su malestar con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por reunirse primero con las autoridades catalanas para pactar un techo de déficit superior y luego pidió «solidaridad al resto». El Gobierno de Castilla y León, advirtió De Santiago, no permitirá que sus ciudadanos paguen «los delirios independentistas» de Cataluña. «No estamos dispuestos -insistió- a que un ciudadano de Castilla y León tenga que pagar la televisión pública catalana, la policía autonómica o las embajadas catalanas; sería injusto e inadmisible». La consejera de Economía de Cantabria, Cristina Mazas, evitó la retórica anticatalanista, pero insistió en que «no puede ser» que se autoricen números rojos más altos a las comunidades que no cumplieron los objetivos en 2012.

En el Ministerio de Hacienda observan con preocupación la revuelta de los barones del PP. La contestación, dicen fuentes del departamento, pone en evidencia que cada comunidad quiere una fórmula que solo responda a sus intereses. Por ejemplo, Extremadura propone un modelo de premios y castigos para las comunidades que alcanzaron o no las metas de 2012. El departamento de Montoro ya ha dicho que no lo tomará en consideración.

Ideas de consenso

Fuentes de Hacienda avanzaron, de todos modos, algunos criterios inamovibles que se trasladarán al Consejo de Política Fiscal, como que las asimetrías en el déficit se autorizarán este año, pero en ninguno más; y que no se va a permitir a ninguna comunidad tener unos desequilibrios en sus cuentas superiores a los del año pasado. Dos ideas en las que Hacienda ve posible el consenso.

Pero el problema de la revuelta de barones no lo tiene solo el PP, en el PSOE las posiciones también están divididas entre sus dos únicos gobernantes. El andaluz José Antonio Griñán defiende desde hace tiempo la tesis de los déficits asimétricos que ahora ha hecho suya el Gobierno. El desfase de las cuentas no tiene por qué ser «uniforme» sino que se tienen que tomar en cuenta otras variables, como la financiación de las comunidades, su endeudamiento y determinar si su déficit obedece a la coyuntura o es estructural. «Si no hacemos esto, el café para todos sería injusto», advirtió el socialista en sintonía con Montoro.

En cambio, el asturiano Javier Fernández es de los que piensa que los números rojos tienen que ser iguales para todos. Una diferencia en la que tiene mucho que ver que el Principado hizo los deberes en 2012 con un déficit del 1,06%, cuando el objetivo era el 1,5, una meta que Andalucía no alcanzó y se quedó en 2,04%. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, eludió pisar ese terreno porque corresponde al Gobierno diseñar «una fórmula objetiva» que conforme a todos.