El Gobierno de Obama interviene las llamadas de la agencia de noticias AP

A nadie le habría sorprendido que el Gobierno de George W. Bush espiara las llamadas de periodistas, enfrascado como estaba en una guerra sin cuartel contra el terrorismo que no se detenía ante nada. La sorpresa para muchos es que haya sido el de Barack Obama, que criticaba por ello a su predecesor, el que haya llevado a cabo la intervención legal del mayor número de llamadas telefónicas de periodistas que haya requisado el Gobierno de una sola tacada.

Dos meses completos de llamadas realizadas desde una veintena de teléfonos de la Agencia Associated Press (AP), que ni siquiera fue informada de ello hasta el viernes pasado. El Departamento de Justicia alega que no está obligado legalmente a informar de esas órdenes judiciales, que al parecer tienen que ver con la filtración de una investigación terrorista.

«No puede haber justificación alguna para requerir una colección de comunicaciones telefónicas tan amplia de la Agencia Associated Press y sus reporteros», se quejó furioso en una carta el presidente de AP Gary Pruitt, que calificó la orden judicial de «una intrusión masiva y sin precedentes». «Estos registros de llamadas potencialmente revelan comunicaciones con fuentes confidenciales de todas las actividades de AP para recaudar noticias, proporcionan una hoja de ruta sobre cómo conseguimos las informaciones y revelan actividades y operaciones de AP que el Gobierno no tiene derecho a saber».

Según el periódico The New York Times, la investigación que ha llevado al Gobierno a requerir la relación de llamadas hechas en abril y mayo de 2012 desde teléfonos de la agencia y particulares que utilizan un centenar de periodistas tiene que ver con un atentando terrorista a una línea aérea orquestrado desde Yemen y abortado por las agencias de inteligencia. El Congreso acusó entonces al presidente de estar filtrando a propósito estas noticias para mejorar la percepción pública de su efectividad antiterrorista de cara a su reelección. Por este motivo nombró a dos veteranos fiscales para investigar el caso a conciencia.

Carl Bernstein, uno de los dos periodistas que revelaron el famoso 'caso Watergate', dijo ayer estar indignado con la intrusión del Gobierno, que considera totalmente inexcusable, y espera que se convierta en un escándalo «nuclear». Para el veterano periodista, el Gobierno de Obama, que ha encarcelado a más gente por filtraciones que toda la administración anterior, está enviando un mensaje de escarmiento. «El objetivo es intimidar a la gente que habla con los periodistas», aseguró a la cadena NBC. «Es la política de un gobierno que ha actuado así desde el principio. Decir que la Casa Blanca no sabía nada es una tontería».

Otro escándalo en Hacienda

No es lo único que la Casa Blanca dice ignorar y que está costando grandes dolores de cabeza al presidente. La Hacienda estadounidense ha reconocido que puso la vista en las organizaciones creadas alrededor del conservador movimiento del Tea Party para investigar a conciencia sus actividades económicas en busca de algo en lo que pillarlas. Algo que su comisionado había negado rotundamente en declaración jurada al Congreso.

En este tema, que es visto como un nuevo abuso de autoridad por parte del Gobierno, el propio Obama se ha unido a las voces de indignación y ha ordenado una investigación en coordinación con el FBI. El fiscal general Eric Holder, que la anunció ayer, dijo que «se están examinando todos los hechos para ver si hay alguna violación criminal». Varios comités del Senado y la Cámara Baja han emprendido sus propias investigaciones, para las que llamarán a testificar a altos cargos de la agencia de recaudación de impuestos a partir del viernes.

El portavoz de la Casa Blanca Jay Carney aceptó ayer que, de ser ciertas, las acusaciones serían indignantes, pero pidió que se espere a la investigación antes de sacar conclusiones. Lois Lerner, el funcionario de la agencia impositiva que supervisa el departamento encargado de organizaciones exentas de pagar impuestos, aseguró que el escrutinio adicional que recibían los grupos afines al movimiento del Tea Party respondía a decisiones de gente de a pie que no actuaba por motivos partidistas.

En cualquier caso, con las elecciones legislativas de noviembre del año que viene en puertas, es de esperar que la oposición avive el fuego de estos escándalos que pueden tener un alto precio para el Partido Demócrata.