El PP impide que Rajoy dé cuentas ante el Congreso y delega en Montoro

Si la oposición quiere recibir explicaciones de Mariano Rajoy sobre la financiación de su partido en sede parlamentaria tendrá que conformarse con los dos minutos y medio que dura una respuesta en la sesión de control al Gobierno. El PP remitió ayer al PSOE al pleno que tendrá lugar el 30 de enero, la semana próxima, para cualquier aclaración del jefe del Ejecutivo en relación con el escándalo que desde hace una semana sacude a sus filas, y dejó claro que no tiene intención de ofrecer una comparecencia 'ex profeso' del presidente.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sí hablará hoy en comisión sobre el 'caso Bárcenas'. Y lo hará a petición propia, aunque los socialistas se lo demandaron el mismo día en el que se supo que el extesorero del PP había llegado a tener hasta 22 millones de euros en una cuenta bancaria en Suiza y que había regularizado diez millones, siempre según su abogado, gracias a la amnistía fiscal que el Ejecutivo aprobó el año pasado. Con eso, a juicio del partido gubernamental, basta.

Su portavoz adjunto, Rafael Hernando, defendió durante una larguísima reunión de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al pleno en periodos inhábiles, que su formación ya ha dejado claro «por activa y por pasiva» que no tiene nada que ver con la financiación ilegal y argumentó que en España las institucionaes «funcionan» para acusar al PSOE de generar unas dudas que «torturan la verdad, la lógica y el derecho».

Los socialistas creen que hay razones de sobra para pensar que el Gobierno moduló la amnistía fiscal casi a la medida de los intereses de Bárcenas, y así volvió a denunciarlo su portavoz en la Cámara baja, Soraya Rodríguez. La acusación raya, según los populares, lo delirante. «La defensa de la democracia se hace defendiendo la verdad, no sembrando sospechas», apuntó Hernando.

El dirigente de la formación gubernamental no pudo garantizar que Bárcenas no se haya beneficiado de la medida, dado que ha podido hacerlo a través de sociedades cuya titularidad puede mantener legalmente en secreto hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, adujo que, incluso en ese caso, habría cometido un fraude de ley porque el proceso de regularización de capitales excluye de manera expresa a aquellas personas que estén inmersas en procesos judiciales.

Lo que no aclaró, y queda para Montoro, es si llegado el momento se podrá anular la supuesta operación. «No podemos permitir que un solo euro procedente de ninguna actuación ilícita pueda ser blanqueado», denunció, por su parte, Rodríguez.

Pleno monográfico

La suya no fue la única intervención crítica con el Ejecutivo. La mayoría de las fuerzas de la oposición respaldaron las peticiones de comparecencias presentadas por los socialistas y, de hecho, el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, fue aún más allá: llegó a reclamar una pleno monográfico para abordar el problema de la corrupción. «No cabe duda de que hay escándalo público y social -avisó- Hemos ganado algún punto en el descrédito de la política».

Lara abogó por el debate constructivo. «Se tiene que defender a la gente honrada que hay en todos los partidos», pero dejó claro que la respuesta del PP resulta insuficiente. «Los siete minutos y medio no resuelven el problema grave que tiene la democracia en nuestro país», adujo en referencia al tiempo máximo sobre el que Rajoy puede hablar del tema en una sesión de control. El presidente del Gobierno contesta a solo tres preguntas por sesión y tanto él como el diputado que le inquiere deben repartirse cinco minutos de tiempo. Es decir, que dedica dos minutos y medio a cada respuesta.

También CiU, Esquerra Republicanay UPyD adviertieron al PP de que con la comparecencia de Montoro se quedarán cortos. «Esto es muy gordo y lo saben», dijo el indepedentista catalán Alfred Bosch en alusión a los supuestos sobresueldos que Bárcenas repartió durante años en 'dinero B' a dirigentes populares. «El presidente y el ministro -abundó- deben comparecer tantas veces como haga falta».