Más de 300 denuncias formuladas dos años después de la primera

El desarrollo del caso de los bebés robados en la provincia de Cádiz es un buen espejo para el resto de procedimientos judiciales que hay abiertos en todo el país. No solo porque esta zona fue pionera al formularse la primera denuncia sino porque la reciente circular de la Fiscalía General del Estado, en la que unifica los criterios que deben seguir sus fiscales en cada territorio, no añade ninguna novedad al trabajo que viene desarrollando el Ministerio Público en Cádiz. Éste ya seguía una línea que ahora se pretende establecer como norma en todas las fiscalías de España: llegar hasta el fondo de cada denuncia, analizarlas como delitos permanentes que no pueden prescribir y que el propio fiscal ordene la toma de muestras de ADN o la exhumación de restos para confirmar o descartar las sospechas que tienen las familias.

En 2010, dos hermanas presentaban la primera denuncia en la Línea y el responsable de la Fiscalía en el Campo de Gibraltar, Juan Cisneros, se convertía en el primer miembro del Ministerio Público que abría diligencias en el país por el posible robo de un bebé recién nacido. Desde entonces, la bola de posibles afectados no ha hecho más que crecer. A día de hoy, según confirmaron fuentes el Ministerio Público, se han presentado más de 300 denuncias en la provincia. La mayoría tramitada a través de la Fiscalía.

Sin embargo, muchas de ellas no superan el trámite de la apertura de diligencias previas, como reconocen desde la asociación SOS Bebés Robados. Uno de sus letrados, con despacho en San Fernando, Alberto Prián, señalaba ayer que a la circular de la Fiscalía General del Estado «se le ha dado un gran 'boom' informativo pero en el caso de Cádiz no añade ninguna novedad al trabajo que viene realizando la Fiscalía, que está apoyando nuestras denuncias y recurre cada archivo». Además, añadía que el obstáculo que se están encontrando, una y otra vez, para que la mayoría de las denuncias no prospere está en la línea que mantienen los jueces. «Ellos son los que tienen la última palabra y, por ahora, mantienen una tesis que choca con la que defiende la Fiscalía».

El tope de la Audiencia

Prián recuerda que en febrero de este año, la Audiencia Provincial acordaba en un pleno de sus magistrados adoptar una misma interpretación: entender que el posible delito de detención ilegal prescribiría tras cumplirse quince años de la mayoría de edad de la persona que estuviera siendo buscada. Esto en la práctica significaba que todos aquellos casos de nacimientos anteriores a 1979 se quedaban sin investigar porque la posible responsabilidad que debiera depurarse quedaba extinguida.

A esto se añade que en los asuntos que se investigan en la provincia, según señala Alberto Prián, no se está identificando a las personas que pudieron participar en la sustracción de menores: «A diferencia de lo que estamos viendo en Madrid, donde una pluralidad de personas señalan a la misma (la monja Sor María López que ya ha sido citada a declarar como imputada), aquí no se está pudiendo señalar a los posibles responsables. Por eso, otro motivo de archivo con el que nos estamos encontrando es ése».

Esta falta de imputados también ata al fiscal que tras recurrir en primera instancia el archivo de las denuncias, no puede hacer lo mismo en casación cuando la Audiencia confirma el archivo. Al no existir ninguna persona implicada en los hechos, se cierra la puerta a acudir ante el Supremo.

Sin embargo, estas sucesivas derrotas judiciales no están desanimando a las familias; lo demuestra el aumento de denuncias constantes.

Desde que naciera este caso en la Línea hasta convertirse en un asunto de interés nacional ya se han practicado seis exhumaciones en el Campo de Gibraltar, tres en Jerez y tres en Cádiz. La última se produjo en el camposanto jerezano. La familia se encontró con restos óseos, pero según la delegada de SOS Bebés Robados en Jerez, Luis Fernanda Terrazas, se desconocen los resultados finales. «No solo de ese caso sino también de las primeras exhumaciones que se hicieron en marzo».

Los asuntos más avanzados judicialmente se encuentran en la Línea, donde se llegó a acordar el secreto de sumario, y en Jerez. En este último partido judicial, un médico consta ya como imputado.