El Consejo plantea más transparencia del gasto para cerrar el 'caso Dívar'

La tensión se corta con un cuchillo en el Consejo General del Poder Judicial ante el pleno extraordinario de hoy. Sobre la mesa un único asunto, el 'caso Dívar'. El terremoto provocado por los gastos privados del presidente cargados a la institución ha abierto una profunda brecha entre los 20 vocales y ha dejado la credibilidad del gobierno de los jueces muy tocada. Tal es la situación que no pocas voces admiten que se trata de la «peor crisis» en sus 32 años de existencia.

Con este ambiente incendiado se llega al pleno de hoy. Una reunión clave para la primera institución judicial del país, ya que marcará el devenir del actual Consejo en el año y medio que le queda de mandato, que concluye en septiembre de 2013.

El entuerto del 'caso Dívar' es de calado y ayer no había una solución consensuada para cerrarlo. Primero, por la fuerte división que ha generado este asunto entre los vocales, con cruce de reproches por la forma de actuar del denunciante, José Manuel Gómez Benítez, y la estrategia del silencio que ha mantenido el presidente. Segundo, por la creciente corriente que estima que esta crisis solo tiene una solución y es que Dívar dimita.

La voz cantante de esta propuesta la llevará al pleno el propio Gómez Benítez. Para que tenga éxito es necesario que al menos 13 de los 20 vocales se sumen. Una posibilidad harto difícil dado el amplio consenso que requiere.

Sin embargo, para el 'caso Dívar' no existen los tradicionales bloques, conservadores o progresistas, sino grupos que van por libre según el grado de indignación que tengan con los viajes del presidente.

Para que la dimisión se consume hay que tener presentes algunas claves. Tanto la asociación de jueces como de fiscales progresistas, que vendrían a representar a ocho consejeros, ya se han manifestado a favor de que Dívar se vaya y si se suma la vocal progresista Margarita Robles, una de los «poderes en la sombra» del Consejo, podría atraer a consejeros conservadores como Manuel Almenar, entre otros, según las quinielas que se hacían ayer en el gobierno de los jueces.

Normativa de viajes

Sea como fuere, ayer la salida más factible, reconocen fuentes del Consejo, era convencer a Dívar para que dé explicaciones públicas, reconozca su equivocación y acordar un documento que abogue por dotar de mayor transparencia a los gastos del Consejo.

Una propuesta que, por cierto, ya puso sobre la mesa el propio Gómez Benítez en un pleno celebrado el 22 de marzo y que fue rechazada por la mayoría de los vocales. No así por el presidente del Consejo que, curiosamente, manifestó su apoyo al control del gasto.

Esta medida «más cosmética que efectiva», consideran las citadas fuentes, consistiría en cambiar el reglamento sobre los gastos de los viajes que se pasan a protocolo. Una norma que data de 1992, cuando se eliminaron las dietas fijas por la política de ir a gastos, y que se amplió en 1996 cuando se autorizó que no era necesario justificar el desembolso de los viajes oficiales.

Esta norma, precisamente, fue el argumento central que usó la Fiscalía del Tribunal Supremo para archivar la denuncia por malversación contra Dívar. El teniente fiscal del alto tribunal, Juan José Martín Casallo, argumentó que ni el presidente se lucró ni tuvo intención de hacerlo y que este blindaje de los gastos no le obliga a justificar el motivo de sus gastos a protocolo en hoteles de lujo de Puerto Banús (Marbella).

Un desembolso que ascendió a casi 13.000 euros en tres años y que han puesto a la primera institucional judicial del país en la picota de la opinión pública por su mala imagen.