La Junta quiere solucionar ya el conflicto con los afectados del tranvía

Hasta el momento las palabras siguen por delante de los hechos, ya que poco ha cambiado el conflicto del tranvía con respecto a meses atrás. Al menos eso es lo que se tiende a pensar a la hora de examinar el estado de ejecución de las obras que continúan paralizadas. Obras Públicas aseguró hace ya un par de semanas que los trabajos se reiniciarían en breve con la aprobación de un proyecto al que no le haría falta pasar por un proceso de exposición pública según marca la jurisprudencia presentada por la Administración regional.

Además, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre su voluntad de negociar con los expropiados para solventar el enfrentamiento existente tras unas expropiaciones invalidadas, si bien es cierto que no por su tramitación sino por el error de la falta de publicidad pública de los documentos de toda la actuación en el tramo que comprende caño Zurraque a la Ardila. Pero, por el momento tampoco se ha producido ningún avance característico. Al menos hasta ahora.

Y es que el letrado de los afectados, José Antonio Gamero, ya tiene entre sus manos la petición oficial por parte de la Junta de la ejecución de la sentencia del Supremo tras recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que precisamente se recogía la paralización de las obras del nuevo medio de transporte. Un documento en el que según cuenta el abogado recoge también la solicitud para que se fijen unas indemnizaciones a los expropiados por daños y perjuicios con una serie de intereses en función a la ocupación «ilegal» de las propiedades. Además, dentro de un planteamiento establecido en otras resoluciones oficiales, la Junta estaría dispuesta a ofrecer un 25 por ciento más de las cantidades para llegar a un acuerdo definitivo y no seguir este tema en los tribunales.

Una medida que por el momento está dispuesta a realizar con el único afectado que no aceptó las propuestas de la Administración central y que permitió que el litigio siguiera adelante. A Joaquín Moreno le pretenden dar por sus fincas (vivienda y negocio) lo que estima el justiprecio, que supera los 100.000 euros, más ese 25 por ciento. Sin embargo, la cantidad sigue alejada de las pretensiones de este jubilado que pide justicia por todo lo que ha pasado.

Por ello, Gamero espera poder abrir una vía de negocio ya que tiene hasta mediados de diciembre para tomar un posicionamiento de acuerdo a la documentación que maneja entre las manos.

Faltan informes

Aún así no parece tan sencillo que los contratiempos se superen, pues aún no ha llegado a los juzgados la ampliación del informe solicitado por la jueza de instrucción de San Fernando a la Policía Local, para certificar si los trabajos continúan más allá de la calle Real. Además, el letrado asegura que el proyecto debe publicarse al menos n el Boletín oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y si no cuenta con un periodo de exposición si existe la posibilidad de nuevas reclamaciones judiciales que pueden empantanar los plazos de la actuación.