El empresario que estafó 21 millones en ayudas era conocido en Galicia por su poca solvencia

APobra, cae la noche del jueves 3 de noviembre en esa pequeña localidad de 10.000 habitantes de la costa coruñesa. Agentes de la UDYCO venidos desde Madrid toman la población con el objetivo de detener a un vecino conocido de ese pueblo y registrar su domicilio y la sede de la gestoría que dirige. Un negocio sospechoso porque nadie se explica de dónde procede el dinero que le permite a Manuel Alejandro Dávila Ouviña hacer gala de un tren de vida de muy altos vuelos. Esa noche se ponía fin a la sensación de impunidad que nació el mes de julio. En verano, el BOE hacía pública la resolución del Ministerio de Industria por la cual se ordenaba el reintegro de 14,5 millones de euros concedidos a tres empresas en el marco del Plan Reindus para la creación de actividad empresarial y empleo en la Bahía de Cádiz. Las tres sociedades que solicitaron ese paquete de ayudas públicas venían del brazo de ese extraño vecino coruñés, considerado allí un auténtico vendedor de humo, pero que sin embargo logró convencer a los responsables de canalizar esas subvenciones en Cádiz para que, no solo le otorgaran ese dinero en las convocatorias de 2009 y 2010, sino también para que once empresas suyas volvieran a probar suerte al año siguiente. De no haber saltado el escándalo, Dávila Ouviña o lo que es lo mismo, su tupida red de empresas opacas de las que se desconoce actividad alguna más allá de la apertura de alguna oficina y poco más, se habría beneficiado de una inyección económica pública de 25.644.075 euros (el 32% del total del presupuesto), como reza en la denuncia presentada por el Partido Popular ante Fiscalía.

La detención de Ouviña y siete personas más esa noche del jueves es solo la primera parte de una investigación que nació en abril, cuando la Junta de Andalucía acudió a la Fiscalía de Sevilla para denunciar un posible fraude en las ayudas a la reindustrialización. Ouviña había presentado un aval bancario falsificado entre los documentos para solicitar las ayudas de 2011. Además, rastreando en los proyectos del gallego, la Administración autonómica comprobó que tres de sus sociedades -Cádiz Solar, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales- habían incumplido sus intenciones de abrir empresas que se deberían dedicar a la construcción de acumuladores eficientes, a la reutilización de los restos del sector pesquero y a la monitorización de la calidad del agua. No habían iniciado prácticamente actividad alguna pese a haber recibido más de 14 millones de euros en ayudas.

Tras ordenarse las detenciones y registros y acordarse el envío a prisión de Ouviña y un empleado suyo, las actuaciones fueron derivadas al juzgado de Instrucción nº 4 de Cádiz, donde en estos momentos se instruye la causa. Fuentes judiciales confirmaron a este medio que no se descarta que el caso haga algún viaje más, dependiendo de la dimensión que alcance el fraude y por que la causa la impulsó la Fiscalía de Sevilla.

El primer atestado policial de más de 150 folios deja obsoleta la cifra que la Junta reconoció en verano que había sido presuntamente desviada y de los 14,5 millones, los investigadores apuntan ahora a 21,5. Fuentes consultadas señalan que podría agrandarse aún más el agujero que supuestamente abrió este empresario. La pista está en sus incesantes intentos por obtener ayudas públicas que en algunos sitios funcionó y en otros no.

Esta semana, LA VOZ se hacía eco de los proyectos que presentó Dávila Ouviña en Galicia para obtener ayudas a través del mismo Plan Reindus pero dirigidas a la dinamización del empleo en la zona de Ferrol. En la convocatoria de 2010, la Xunta le echó para atrás cuatro proyectos vinculados a las energías renovables y al medio ambiente para los que solicitaba subvenciones por valor de 13 millones de euros. El empresario prometió una inversión total de 25 millones para una de las comarcas más castigadas por el desempleo. La falta de garantía de solvencia fue el motivo que llevó a la Administración gallega a desestimarlas. Todo lo contrario que ocurrió en Andalucía, donde se le dio el visto bueno para la obtención del dinero que ahora le reclama Industria.

Aprovechar el hueco

Pero Ouviña ya estaba bien visto en esta comunidad antes de 2010, ya que parte del dinero que debe reembolsar lo obtuvo en la convocatoria de 2009, justo cuando el Ministerio de Industria eliminó los avales como requisito para acceder a esas ayudas. Precisamente lo que no tenía este empresario y una condición que le habría dejado fuera del concurso de subvenciones. El diputado socialista, Salvador de la Encina, reconoció en verano, nada más saltar el escándalo del posible fraude, que habían cedido a los ruegos de los empresarios que veían en esos avales un obstáculo insalvable para las PYMES.

Justo por esas fechas (2009), Ouviña ya se había hecho con contactos en la Administración andaluza y anunció en Carboneras (Almería) un proyecto innovador para el cultivo intensivo de pulpos. La Junta remitió en su día un comunicado anunciando la inversión de 30 millones que la sociedad del emprendedor gallego (Aquasystemas, Acuicultura y Medio Ambiente) pretendía hacer en esa zona oriental de Andalucía y la creación previsible de 100 puestos de trabajo que nunca llegaron a nacer. En Galicia se sorprenden cuando se pregunta por esta idea empresarial ya que en esa tierra, gran exportadora de esa especie, nadie ha podido impulsar una empresa de producción autóctona. Dávila vendió la moto de que sería el primero en hacerlo al otro lado del mapa.

Con el secreto del sumario decretado por la jueza, apenas han trascendido datos de la investigación, pero sí se sabe que los agentes tratan de establecer lazos entre el cabecilla de la trama y las personas que le ayudaron a acceder a esas subvenciones. La Policía tiene claro que el gallego necesitó de una buena cohorte de asesores para obtener un volumen tan importante de ayudas y concursar en distintos puntos de la geografía nacional. Ése es precisamente una de las líneas en las que se trabaja, conocer si no fue solo en Andalucía donde le dieron luz verde a sus proyectos fantasma. Reindus engloba nueve programas territoriales de ayudas destinadas a sectores industriales o comarcas. Así además de la Bahía de Cádiz, hay otros planes específicos para el Campo de Gibraltar, las comarcas gallegas de Ferrol-Eume-Ortegal, Canarias, Soria-Teruel-Jaen o la comarca de Almadén (Ciudad Real), entre otras. Hasta la fecha se ha confirmado que Ouviña lo intentó con éxito en las ayudas para la Bahía de Cádiz, y con una suerte bien distinta en el Plan Ferrol, donde le cerraron las puertas. ¿Pero concurrió a más convocatorias? El afán por hacerse con subvenciones está demostrado con solo preguntar en su pueblo, donde fuentes cercanas al Consistorio reconocieron a este medio en verano que lo había intentado pero sin lograr apoyo alguno.

Zahara no es casualidad

Uno de los sitios donde ha acudido la Policía para recabar información es al restaurante de Zahara de los Atunes donde fijó Ouviña la mayoría de las sedes sociales de sus empresas. En su día, el responsable de ese establecimiento negó cualquier vinculación con el empresario y aseveró que había sido utilizado. Una afirmación que requiere de matices.

Una de las personas que aparece en las decenas de empresas que Ouviña inscribió en el Registro Mercantil -este periódico ha contabilizado unas 40- es hermano de este hostelero de origen gallego. Se trata de Segundo Lago, el mismo compañero de viaje empresarial con quien Ouviña se fotografió en 2009 en Carboneras junto al delegado provincial de Agricultura en Almería y representantes del Ayuntamiento. La inversión que el gallego iba a realizar para la granja de pulpos venía también de la mano de su socio Lago Rodríguez, con quien comparte cargos directivos en varias empresas. Es decir, el uso del establecimiento de Zahara de los Atunes no fue nada casual. Este periódico ha tratado de contactar con este promotor, pero se encuentra en paradero desconocido.

La gran incógnita que los investigadores tratan de esclarecer es si el empresario, ahora en presidio, había montado una suerte de estructura piramidal a base de ayudas, obteniendo fondos en algunas convocatorias para financiar otros proyectos, o fue todo un simple fraude. Parece ilógico que el supuesto cabecilla de la trama creyera que tras conseguir millones en subvenciones no le iban a reclamar el dinero si incumplía los acuerdos.

Desde que en julio se hizo público que debía reembolsar los 14,5 millones de euros, el empresario no trató de huir y se mantuvo en su localidad natal, donde la Policía buscaría por primera vez, como así ha ocurrido finalmente. La explicación más bondadosa es que no le salieron bien los negocios, pero ¿por qué volvió a solicitar subvenciones por valor de más de 25 millones de euros en 2011? Esas concesiones fueron paralizadas por Industria en el mes de septiembre.

Por ahora, el pufo detectado le ha costado el puesto al gerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, quien públicamente reconoció que Ouviña le había engañado, pero el PP va más allá en su denuncia y se cuestiona por qué tuvo tanto interés el hermano del malogrado Alfonso Perales y gran peso pesado del socialismo andaluz, en modificar los criterios de baremación para elegir las propuestas empresariales en la última convocatoria. Una modificación que beneficiaba al gallego y que le abrió la puerta a los citados 25 millones de euros que finalmente no llegaron a sus manos. Las mismas fuentes consultadas confirmaron que se esperan detenciones inminentes.