Investigan la desaparición de 3,6 millones para obras en colegios

La Fiscalía de Cádiz acaba de denunciar la malversación de 3,6 millones de euros que debieron invertirse en la reforma y mantenimiento de los centros educativos de la provincia gaditana entre los años 2006 y 2008; unos caudales públicos que supuestamente han terminado en manos de particulares, en connivencia presuntamente con, al menos, un alto funcionario de la Consejería de Educación. El principal sospechoso, que deberá declarar la primera semana de julio ante el juez es Fernando Ameyugo Catalán, quien fuera hasta mediados del año pasado gerente provincial del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE); un órgano adscrito a Educación que se encarga de la gestión de las obras en la red pública de colegios e institutos.

Ameyugo tendrá que responder a las preguntas que le formule el juez y el fiscal de delitos económicos en calidad de imputado por los delitos continuados de malversación y prevaricación. Es el primer nombre vinculado a la Administración que aparece en una denuncia que puede terminar salpicando a más altos cargos, en función del resultado que tenga la investigación que ya instruye el titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Cádiz.

Según la denuncia de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este medio, el exgerente contrató obras por valor de 3.647.161,17 euros con una empresa con sede social en Rota que no habría ejecutado presuntamente ni un 20% de los trabajos. Siguiendo el rastro de esas cantidades, las primeras pesquisas han terminado destapando una maraña de empresas que supuestamente emitieron facturas falsas para esconder los pingües beneficios que habrían obtenido los principales beneficiarios mediante unos contratos que el Ministerio Público tacha de irregulares.

Todo comenzó a raíz de una inspección de la Agencia Tributaria sobre las actividades declaradas por la sociedad Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L. durante los ejercicios fiscales que van de 2006 a 2008. Dicha empresa tiene un objeto social muy amplio que incluye trabajos de jardinería, la edificación y reformas, la compraventa de fincas o el suministro de personal, entre otras actividades. Al frente de ella, como administradora única, está una vecina roteña (Encarnación F. S.) si bien la persona que ejerce como verdadero gestor es su marido (Pedro G. P.) a quien le otorgó plenos poderes mediante una escritura de apoderamiento. Ambos también han sido denunciados como supuestos cooperadores de la malversación por seis delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad continuada en documento mercantil.

Cliente de la Administración

La inspección fiscal reveló que esta empresa poseía durante el periodo investigado tres principales vías de ingresos, todas ellas relacionadas con trabajos para la administración pública, en este caso para la Delegación Provincial de Educación. Así, tenía encomendado el mantenimiento de 24 centros educativos de la provincia y además realizaba reparaciones en esos mismos colegios y en otros. En esos casos, según recoge el informe que elaboró en su día la Agencia Tributaria y que ha servido de base para la denuncia del Ministerio Fiscal, los contratos se concertaban directamente entre la sociedad y el centro educativo. Pero el meollo del caso se encuentra en las obras que le fueron concedidas a dedo por el ISE durante los años 2006-2008 y que supusieron el desvío de 3,6 millones de euros (3.647.161,17).

Todos los contratos fueron autorizados y firmados por el coordinador provincial del ISE en Cádiz y siempre sin convocar concurso al que pudieran optar otras empresas. La razón esgrimida en un primer momento por la sociedad investigada, cuando los inspectores de la Agencia Tributaria comenzaron a reclamarles documentación, fue la de la urgencia. Alegaron que al ser trabajos que debían estar listos antes de que se iniciara cada curso escolar, urgía su contratación. Sin embargo la Agencia Tributaria y el fiscal tienen una lectura bien distinta. Recurrieron presuntamente a un sistema que parece ser el 'modus operandi' estrella cuando se trata de desviar fondos públicos como demuestran otras investigaciones de gran calado realizadas en el seno de administraciones: contratar por debajo del presupuesto máximo a partir del cual la ley exige que se adjudique mediante concurso público. Eso, en principio, justificaría supuestas contrataciones a dedo.

Sin embargo, el hallazgo de otras irregularidades notables hizo a los inspectores detenerse en cada obra que supuestamente debió haber realizado Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L. para la mejora de centros públicos educativos. Los responsables de esta sociedad confirmaron que no tienen personal ni capacidad operativa para realizar ese tipo de trabajos, por lo que subcontrataron la totalidad de ellos. Pero no informaron a ISE, contraviniendo la normativa sobre contrataciones en el ámbito público que exige taxativamente dicha notificación.

También observaron que los contratos de obras eran muy genéricos, sin especificar los trabajos que se realizarían en cada centro y, al indagar en las empresas que supuestamente habían sido subcontratadas, los inspectores se encontraron con toda una red de sociedades que al parecer solo rezan en los papeles. Estas sociedades podrían ser 'empresas factureras' porque su principal actividad es la emisión de facturas por unos trabajos que en realidad no se ejecutan. Los receptores de esos documentos obtienen así deducciones en la declaración del Impuesto de Sociedades y del IVA sin haber tenido que contratar y, por tanto, pagar por unos servicios. El negocio es redondo porque se obtienen ventajas fiscales sin apenas desembolso.

Del estudio de las actividades de la empresa de Rota, el fisco concluye que eludió el pago de casi un millón de euros (969.590) en concepto del Impuesto de Sociedades y otros 610.650 euros por cuotas del IVA. Por eso al matrimonio que gestiona la sociedad principal se le ha denunciado no solo por su supuesta colaboración en el desvío de fondos públicos sino por varios delitos fiscales.

En las diligencias aparecen 18 sociedades que habrían actuado de subcontratas en las obras bajo sospecha. Sin embargo, la Agencia Tributaria constató que son empresas apenas sin personal, a las que en algunos casos se les encargó materiales de construcción excesivos para el tipo de trabajo que deberían realizar; en otros casos se habían dado de baja en la misma fecha en la que supuestamente acababan de recibir un nuevo contrato. Además, a la hora de revisar las facturas que debían justificar la ejecución de tareas se encontraron con documentos ilegibles, que no especificaban partidas ni indicaban en qué colegios se habían acometido las reformas; o que habían sido fechadas antes de que se contrataran los arreglos, entre otras irregularidades.

La denuncia sostiene que son indicios contundentes para determinar que los supuestos beneficiarios de esos fondos públicos, que habrían conformado toda una trama organizada, recurrieron a esta suerte de ingeniería financiera ilícita para ocultar los importantes ingresos que la sociedad que centra todas las sospechas obtuvo a través de los contratos adjudicados por el ISE de Cádiz.

El último peldaño de esta fase previa de la investigación lo cubrió una arquitecta de la Agencia Tributaria que visitó los centros educativos donde supuestamente se habían acometido las obras y según reflejan las diligencias, esta técnico constató que se habían ejecutado trabajos por valor muy inferior al que había certificado la adjudicataria, o que simplemente no se habían realizado. A partir de julio, las personas denunciadas pasarán por el juzgado nº 2 de Cádiz. En total han sido citadas once personas y se investiga quienes están detrás de esas 18 sociedades que funcionaron como subcontratas para que sean interrogados también como imputados en delitos fiscales.