Bajo las alfombras de las autonomías

La controversia sobre la situación real de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha ha colocado a las autonomías bajo el foco. Las acusaciones lanzadas por el PP de que este bastión socialista, que pasará a sus manos tras ganar las elecciones, se encuentra en «quiebra total», sin dinero ni para pagar las nóminas y con facturas en el cajón por valor de 2.000 millones, han sembrado la duda y extendido la sombra al resto de comunidades.

¿Qué esconden bajo sus alfombras? ¿Hay un agujero tan grande que podría hacer peligrar el objetivo del déficit del 6% para este año, clave para la credibilidad del país en el exterior? La pregunta surge en un momento delicado, cuando España sigue sometida a presión en los mercados internacionales -la prima de riesgo superó el viernes los 250 puntos- y observada con lupa por Bruselas. La preocupación es tal que José Luis Rodríguez Zapatero primero y la vicepresidenta Elena Salgado después han pedido a Mariano Rajoy que haga bajar a los suyos el tono de las denuncias durante el traspaso de poderes.

Ya antes de las elecciones y de la bronca política, las autonomías, que mueven un presupuesto de 180.000 millones de euros y son responsables del 40% del gasto público español, estaban siendo cuestionadas por sus dificultades para apretarse el cinturón. Mientras el Estado hacía los deberes, las regiones sobrepasaban de forma sistemática los límites de déficit establecidos, aunque también hay que apuntar que muchas reclaman dinero a la Administración central por el nuevo modelo de financiación.

El caso es que en 2010 no cumplieron los objetivos y todo apunta a que volverán a pasarse de la raya este año. Según los datos del primer trimestre, el agujero acumulado por las comunidades entre enero y marzo ascendía a 5.000 millones, el 0,46% del PIB, un tercio del 1,3% previsto para todo el ejercicio. Este enorme desfase se debe a que sus gobiernos, sin atender a las recomendaciones, 'echaron el resto' para ganar puntos de cara al 22-M.

Si las estadísticas oficiales ya eran preocupantes, Cataluña había añadido la sospecha de que el problema era más gordo de lo que se reconocía después de que Artur Mas denunciase que el agujero en ese territorio no era del 2,4% del PIB, como sostenía el Ejecutivo de José Montilla, sino que se elevaba al 3,8%; es decir, un boquete de 7.000 millones. Eso desató el temor a que tras las elecciones del 22-M afloraran déficits ocultos en las comunidades que cambiaran de color político. Con la arrolladora victoria del PP y sus denuncias sobre Castilla-La Mancha se han superado los peores presagios. Después de las acusaciones sobre millones de euros en facturas de proveedores no computadas, se cuestiona el rigor de las cuentas autonómicas y se teme que el agujero sea inmenso y obligue a un severo ajuste.

Cataluña da la alarma

La disputa entre el PSOE y el PP ha saltado las fronteras. El pasado lunes, el 'Financial Times' se hacía eco y advertía de que «las denuncias sobre quiebra en Castilla-La Mancha aumentan los temores sobre la solvencia de España». La agencia de calificación Moody's apuntaba que el anuncio de Cataluña de que este año también incumplirá el objetivo del déficit -llegará al 2,6% del PIB frente al 1,3% exigido- «demuestra la incapacidad del Gobierno central para meter en vereda a las regiones». Fitch, sin embargo, quitaba hierro al debate debido al reducido peso de la deuda autonómica sobre el total. Las 17 comunidades y 8.000 ayuntamientos acumulan un pasivo de 150.000 millones, una cifra que supone el 23% del conjunto, pero que se ha doblado desde 2008. Y eso que el Estado prohíbe asumir más deuda a las regiones con déficit excesivo.

Más allá de cómo se lo tomen los mercados, el debate abierto sobre las cuentas de las autonomías ha puesto sobre la mesa un problema de calado, que son las crecientes dificultades para financiar capítulos tan importantes de su competencia como son la sanidad y la educación. Estos días ha trascendido que las autonomías acumulan una deuda de 9.400 millones con sus proveedores sanitarios y que en algunos casos les pagan con 725 días de retraso. La morosidad de la Administración pública ha arrastrado a la quiebra a miles de pymes en esta crisis.

Los gobiernos autonómicos cometieron muchos excesos en épocas de vacas gordas, con proyectos faraónicos. Construyeron a su alrededor una costosa estructura que replicaba al Estado y que ocupa a 1,8 millones de funcionarios y empleados públicos. Su recuento resulta abrumador: 181 organismos autónomos, 223 entes públicos, 626 consorcios, 753 empresas públicas, 557 fundaciones...

Ahora toca depurar. Se están dando pasos. Al margen del debate en torno a los coches oficiales, que es solo una cuestión de imagen, en uno de los gastos en que se está metiendo la tijera es el de las televisiones autonómicas, que en 2009 recibieron 813 millones en subvenciones y registraron pérdidas de 772 millones. Pero algunas comunidades, al ver que no basta con esas medidas, han llegado a aplicar recortes en capítulos como sanidad y educación.

Es el caso de Cataluña, una de las comunidades autónomas con más problemas, con una deuda de 4.000 euros por habitante. También el de Valencia y Murcia, que siguen gobernadas por el PP.