Independencia judicial

El papel reservado a los tribunales Supremo y Constitucional en la readmisión o no de la izquierda 'abertzale' en las instituciones a la luz de la Ley de Partidos y de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) ha vuelto a desencadenar una colosal polémica en la que la independencia judicial se ha puesto de nuevo en entredicho. Algo semejante sucedió con ocasión de la sentencia del Constitucional relativa a la reforma del Estatuto de Cataluña y al producirse el procesamiento del juez Garzón por el Supremo. En todos los casos, las dudas más disolventes sobre la integridad de los jueces no han surgido tanto de la ciudadanía, a través de la opinión pública, como de la propia clase política. En el proceso de ilegalización de Sortu y de condescendencia con Bildu se han rebasado todos los límites: los distintos estamentos políticos han presionado con descaro a los jueces con tanto cinismo como frivolidad, sin ver que lo único que consiguen con esta actitud es extender su propio descrédito al Poder Judicial. Ante estas agresiones, los jueces exigen independencia y respeto en la medida de sus limitadas posibilidades, y argumentan con razón que la politización de la Justicia se debe en buena medida a la voluntad del Legislativo, que ha hecho una interpretación de la Carta Magna por la cual tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional emanan directamente de las Cámaras parlamentarias, es decir, de los partidos políticos. Se ha pretendido así evitar el corporativismo judicial pero se ha incurrido en una desfiguración del tercer poder del Estado, con el consiguiente deterioro del Estado de Derecho. Hace apenas un año, un conjunto de jueces ha impulsado una 'plataforma por la despolitización y la independencia judicial', que ya ha logrado agrupar a la tercera parte de la carrera. La iniciativa es plausible pero poco conseguirá si la clase política, impulsada por la sociedad civil, no revisa su actitud y no cesa en sus intromisiones. El respeto entre los poderes no solo ha de emanar de las normas: requiere madurez y solvencia por parte de quienes los encarnan, atributos muy escasos en la superestructura de este país.