Zapatero, en primer plano, escucha a Anasagasti en el Senado. :: EFE
ESPAÑA

El PNV deja ahora la ruptura en el aire

El Ejecutivo apela a la prudencia y sugiere que la corte puede revocar la sentencia del Supremo contra las listas de la coalición Los nacionalistas dan «un margen de confianza» al Gobierno a la espera del Constitucional

MADRID. Actualizado: Guardar
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La suspensión de las relaciones con el Gobierno, que con tanta solemnidad anunció Iñigo Urkullu, quedó congelada hasta que el Tribunal Constitucional diga la última palabra sobre Bildu. El jefe del Ejecutivo y el líder del PNV mantuvieron una conversación telefónica en la noche del lunes en la que acordaron, según la versión de los nacionalistas, darse «un margen de confianza» a la espera de lo que decida el máximo garante de la Carta Magna. La incertidumbre durará apenas 48 horas.

En el Ejecutivo se admite en privado que es posible un fallo contrario al del Supremo. Y en público, de aquella manera, también. «El tema no debe ser fácil cuando el propio Supremo se ha dividido», subrayó ayer el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo, el Gobierno ni confirma ni desmiente el contenido de la charla entre Zapatero y el presidente del PNV.

Darlo por bueno sería tanto como decir al Constitucional que de su decisión depende la gobernabilidad del país porque sin los nacionalistas vascos el grupo socialista tendría muy difícil sacar adelante los Presupuestos para el próximo año y hasta podría estar abocado a un adelanto electoral al quedarse en minoría parlamentaria. Hasta ahora, el Ejecutivo ha defendido con vehemencia que no cabe ejercer ningún tipo de presión -«ni sutil ni directa»- sobre los tribunales. «Es la lógica actitud del Gobierno y, en el caso del presidente, aún mucho más obligada», dijo Zapatero en el Senado a una pregunta de Iñaki Anasagasti. Por eso, fuentes oficiales defienden la «prudencia». «No es que no nos preocupe el órdago del PNV -dicen-, pero ya hablaremos después».

En la Moncloa aseguran que el gesto de Urkullu se debe únicamente a que «se siente muy presionado» por la sociedad vasca. Una sociedad que, según admiten, no ha entendido bien el enorme celo de los dos grandes partidos hacia Bildu, ahora, o hacia Sortu, antes. De ahí, dicen, la teatralidad del desmarque y sus contradicciones. La crítica no es hacia una decisión judicial sino hacia el Gobierno del que son 'socios', pero si otro tribunal tumba el primer fallo el enfado se difuminará.

«El reproche es directamente contra el Gobierno porque es quien ha espoleado al Tribunal Supremo con una posición beligerante y vehemente que no se corresponde que lo que esperábamos», justificó el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka. «No nos han tenido en cuenta para nada y eso ha producido el distanciamiento».

El PNV asegura que, además de los Presupuestos y las iniciativas legislativas que fuera necesario aprobar, el acuerdo con el Gobierno incluía «dar estabilidad política al escenario nuevo» que se abría en el País Vasco y «actuar en sintonía». Rubalcaba insistió en que lo importante es que ambos comparten el objetivo de acabar con el terrorismo y que, el resto, es únicamente una discrepancia sobre cómo se deben manejar «los tiempos» para que ese propósito pacificador llegue a buen fin.

Acentuar el diálogo

El Gobierno asegura que no hay motivos para dramatizar y confía en ser capaz de dar la vuelta a la situación con más diálogo. Según Rubalcaba, aunque los nacionalistas ejecuten su amenaza, los socialistas mantendrán vivo el cauce de comunicación e incluso pondrán más empeño en hablar. Tampoco queda otro remedio porque sin ese apoyo crucial a Zapatero le espera un último año de legislatura amargo.

Más allá de la tabla de salvación que supone el hecho de que el PNV no se retracte de aquello que ya firmó -es decir, seguirá dando el respaldo necesario para que las cuentas aprobadas no se frustren- puede verse abocado a la más triste de las soledades, no ya para los Presupuestos del año próximo, sino para la aprobación del techo de gasto en este mismo período de sesiones.

CiU, con diez valiosos diputados, no parece dispuesto a echar una mano al Gobierno. Ni siquiera a cambio de los 1.430 millones de euros del fondo de competitividad. Su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran i Lleida, advirtió de que solo podría interpretarse ese pago como que el Gobierno «hace lo que debe». «No vamos a hacer de muleta, vamos a hacer lo que hasta ahora, apoyar aquellas iniciativas con las que estamos de acuerdo. Pero en este momento -remarcó- hay una enorme distancia entre el Gobierno y la Generalitat».

A río revuelto, todos intentan pescar. También Coalición Canaria, que con solo dos diputados, ayudó a salvar los Presupuestos dice ahora que quiere compromisos y si no, ya veremos.