Un culebrón por capítulos a la hora de la sobremesa

Más que una película de tribunales, el 'caso Karlos' parece más una telenovela de sobremesa: con cientos de episodios y protagonistas (tanto en las pantallas como en los juzgados), giros inesperados, además de declaraciones en las que se mezcla lo judicial con el chismorreo catódico. Esta tarde, el culebrón (más de sobremesa que nunca, porque el juicio empieza a las 16.00 horas), vuelve a emitirse con el enésimo capítulo. Probablemente no será el último, dada la abundancia de recursos que este caso ha vivido hasta ahora. Los primeros capítulos se remontan a 2006.

El 'modus operandi'

La estafa del 'caso Karlos' se dio a conocer en 2006, pero el origen se remonta ocho años atrás, a mayo de 2003, cuando según el fiscal se cometió el primer engaño a la Seguridad Social con Carlos Carretero como beneficiado: según la acusación pública, el exjefe de policía, a raíz de una invalidez real (una maculopatía con déficit visual), convino con los médicos Francisco Casto Pérez y Harold Escalante que engordaran los informes sanitarios y así obtener una pensión mayor. Al ver que el engaño funcionó, supuestamente decidieron extender el negocio, cobrando por ello, a conocidos, amigos y compañeros de Carretero, la mayoría, de Ubrique.

El 'modus operandi' era similar, pero perfeccionado con los años: Al ser casi todos los 'clientes' vecinos de la Sierra, Carretero los empadronaba en las casas de sus padres y de su hermana (no acusados) en Cádiz, de manera que recibieran una baja médica de los médicos Harold Escalante o de Luis Carretero (ambos acusados) y pudieran ser atendidos por Casto como inspector de la UMVI. Donde la red no contaba con infiltrados era en el segundo filtro: la inspección del Instituto de la Seguridad Social, donde algunos casos llegaron a ser parados. Para solventar el escollo, según el fiscal, Carretero llegó a enviar a enfermos reales y hacerlos pasar por sus 'clientes', como en el caso de la madre de María José Campanario.

De 'Karlos' a 'Kampanario'

De personaje secundario en esta supuesta trama, María José Campanario, esposa del torero Jesús Janeiro 'Jesulín de Ubrique', ha pasado a ser -posiblemente a su pesar- protagonista estelar, hasta el punto de que algunos medios han rebautizado el caso como 'operación Kampanario'. Según el fiscal, la famosa esposa contactó con Carretero a través de José Luis López 'El Turronero', encargado de captar interesados, que la habría convencido para que su madre Remedios Torres (también acusada) obtuviera una paga por invalidez. Para ello, Campanario habría pagado 18.000 euros. En este caso, los trámites se ampliaban, pues hubo que dar de alta a Remedios en un trabajo falso durante cuatro meses y se la empadronó en casa de los padres de Carretero, según el fiscal. Se le diagnosticó una «cervicobraquialgia por hernia discal». Para pasar el segundo filtro, según el Ministerio Público, Carretero envió a la inspección a su suegra, que sufría «afecciones similares», bajo el nombre de Remedios Torres. El engaño convenció a los médicos. Sin embargo, la operación policial impidió que Torres llegara a cobrar la prestación.

Un 'spin off' del 'Halcón'

La 'operación Karlos' nació de la investigación de otro caso menos famoso , la 'operación Halcón' en la que se destapó una supuesta red de empresa fantasma que emitían facturas falsas y que implicaba al sector inmobiliario y al del cuero de Ubrique. En ella también están imputados Carlos Carretero y su amigo José Luis López, 'El Turronero'. De hecho, la trama paralela de pensiones irregulares se descubrió en las escuchas telefónicas a Carretero. 'Karlos' se desgajó en otro procedimiento. Pero una de las estrategias de las defensas es pedir la nulidad de las escuchas, porque muchas se hicieron aún durante el 'caso Halcón'. Como 'Karlos', el fraude de las facturas también ha sufrido retrasos en los juzgados, pero ha recibido menos atención mediática, a pesar de que el fraude es mucho mayor: de 60 millones de euros.

Giros de argumentos

Durante cinco años el caso ha vagado por los juzgados, a golpe de apelaciones y recursos por parte de sus abogados. Desde la excarcelación de algunos de los implicados -como Carretero y Casto Pérez, como la solicitud de nulidad de las escuchas, se han convertido en titulares de prensa, pero también, en largos procesos. A pesar de que la fase de instrucción terminó en marzo de 2008 y la calificación fiscal estaba lista a finales de ese año, aún le quedaban al procedimiento muchos vericuetos judiciales y sobre todo, un giro argumental que lo estancaría al menos un año más: en diciembre de 2009 la Audiencia decidía que el caso debía ser juzgado por un jurado popular, y volvieron los recursos. Finalmente el Tribunal Supremo desestimó esta decisión en noviembre de 2010. Dos meses después se fijó la fecha, para lo que hubo que poner de acuerdo a todos los abogados personados.