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El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advirtió ayer en el XVIII encuentro financiero del foro ABC-Deloitte que el horizonte inmediato de la economía española deberá continuar siendo de ajuste. No se trató de un mero pronóstico, sino de un anuncio que cuenta con la autoridad de la institución que dirige, y es de esperar que con la disposición favorable de todas las administraciones y entidades concernidas. La llamada de Fernández Ordóñez a que continúen las reformas es ineludible, puesto que ninguno de los cambios impulsados especialmente a raíz de la crisis de la deuda soberana -mercado de trabajo, pensiones, sistema financiero- se puede dar por concluido, ni la contención del déficit público debe considerarse como una medida pasajera, y los retos de competitividad y suficiencia energética a los que se enfrenta la economía española requieren un esfuerzo continuado de años. La insistencia del gobernador del Banco de España para que el mercado de trabajo procure empleos con salarios acordes a la productividad ha de estar presente en la nueva negociación colectiva que surja del diálogo que mantienen sindicatos y organizaciones empresariales como un requisito básico para que nuestras tasas de empleo vayan acordes con las de la población activa. Fernández Ordóñez anunció también el «estancamiento de la concesión de créditos» mientras siga siendo escasa la «demanda solvente» de los mismos. Se trata de un aspecto crítico para la recuperación, toda vez que una parte de nuestro tejido productivo ha desaparecido por el impacto de la crisis, mientras que infinidad de proyectos empresariales y profesionales se desvanecen por falta de financiación. Es esta una vertiente en la que la sociedad percibe cómo el ánimo emprendedor o las necesidades personales son escrutados según criterios que van más allá de su viabilidad o solvencia, convirtiéndose muchos solicitantes de crédito financiero en paganos de excesos anteriores, considerados poco menos que como potenciales morosos. El gobernador del Banco de España se refirió ayer a la necesidad de la máxima transparencia ante los mercados por parte de las entidades financieras. Un requisito que sería también aplicable a la hora de fijar ante los ciudadanos y las empresas qué se entiende por «demanda solvente»; de modo que se conozcan de antemano las condiciones del acceso al crédito y se evite la demagogia partidista de reclamar sin más que se abra el flujo crediticio.