Impulso político

Las previsiones económicas del Banco de España rebajaron ayer las ya limitadas expectativas del Gobierno para 2011, vaticinando un crecimiento del 0,8% del PIB frente al 1,3% avanzado por el ministerio de Economía, incrementándose el paro hasta un 20,7%, con la perspectiva de que la creación de nuevos puestos de trabajo en el segundo semestre no pueda atenuar su pérdida durante el resto del año. Solo el aumento previsto para las exportaciones -en torno al 6%- constituiría un motivo esperanzador. Puesto que la contención del déficit público va a ir acompañada de la ineludible reducción del empleo en dicho sector, y la variable del precio del crudo se asoma como una incógnita de efectos imprevisibles. En menos de un mes el Gobierno actualizará sus previsiones, pero reitere o corrija las mismas parece evidente que su visión respecto al futuro inmediato de la economía española tenderá a mostrarse más optimista que todas las demás; en parte porque su obligación es alimentar expectativas positivas, en parte debido a sus necesidades políticas. Pero en cualquier caso el final de la crisis -entendido como reactivación del empleo y del consumo- se atisba cada vez más alejado del momento en el que nuestra economía deja atrás la recesión. Una tardanza que en buena medida se debe a la actitud de espera con la que las instituciones fueron posponiendo los ajustes y las reformas con el fin de mitigar sus consecuencias políticas, neutralizando así sus efectos económicos. El debate respecto al futuro de la economía española puede entretenerse en comparar el carácter más o menos alentador de unas u otras previsiones, o en confrontar el grado de responsabilidad que asume el Gobierno con la actitud crítica y distanciada que adopta la oposición popular. Pero si el Congreso de los Diputados se hizo eco ayer de una consideración general sobre la idoneidad de las reformas estructurales previstas, a sabiendas de que pueden retardar la recuperación a cambio de que ésta se produzca sobre bases sólidas, es su urgencia la que requiere el impulso político del más amplio acuerdo. Un impulso que sea capaz de salvar las dificultades que se presentan tanto en el marco del diálogo social como en cuanto a su extensión al conjunto de las administraciones.