Las Aletas pone el contador a cero

El polígono de Las Aletas sigue adelante. Este es el mensaje que dará hoy su Consejo Rector a los agentes sociales de la provincia tras la reunión que mantendrá por la mañana en Cádiz para presentar el nuevo orden urbanístico del futuro parque empresarial de la Bahía. No ha sido fácil llegar a este punto. La sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2009 que anuló el trámite del polígono por vulnerar la Ley de Costas ha obligado a cambiar totalmente el paso.

La situación ahora es distinta y ha habido un año por medio de nueva tramitación para arreglar el entuerto. Así, los primeros datos del informe urbanístico apuntan a que se concentra toda la actividad industrial en el terreno de la Junta y se refuerza al máximo la zona de protección ambiental. Se reinicia el trámite de reserva, que supone redefinir los usos como área logística, industrial y tecnológica, con i+d+i vinculada al mar.

El Consejo Rector tenía previsto aprobar los nuevos usos urbanísticos a final de 2010, pero el trámite se ha alargado. El proyecto de Las Aletas sigue, por tanto, superando obstáculos y cuenta con consignación presupuestaria, unos cien millones de euros. El parque contará con 527 hectáreas, de las que 120 son propiedad de la Junta y se reservan para la zona industrial, comercial y de servicios. Este espacio no está afectado por la sentencia del Supremo. Las otras 407, propiedad del Estado, se reparten de la siguiente forma: 140 hectáreas quedan totalmente protegidas, mientras que las 267 restantes albergarán la zona logística, los viarios y las actividades especiales, además de zona la verde.

Una de las novedades más importantes que recoge el informe técnico es la justificación del enclave para esta actividad por su centralidad y su vinculación al desarrollo económico de la provincia, donde se prevé que la puesta en marcha del polígono genere más de 20.000 puestos de trabajo.

Un largo camino que dura casi una década y que la luz parece que se ve al final del túnel. En enero de 2010, la Abogacía del Estado reconocía que el parque era viable si se corregían las deficiencias detectadas por el Supremo ante el recurso interpuesto por la organización ecologista Adena, que ponía el grito en el cielo ante la ocupación de las marismas en la reserva de dominio público marítimo terrestre. El Consorcio de Las Aletas, con toda la documentación jurídica en sus manos, encargó a la auditora Tragsa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, un nuevo estudio urbanístico que recogiera las directrices marcadas por el Supremo y cumpliera a rajatabla con la ley de Costas. Así, en septiembre se presentó el informe ampliando de 120 a 140 hectáreas la zona protegida. Sin embargo, esta modificación ha obligado también a encajar los nuevos usos del parque.