Varapalo judicial a Chaves

La declaración de un «alto el fuego permanente y general» por parte de ETA y la proximidad de los comicios locales y forales del 22 de mayo sitúan a la izquierda 'abertzale' ante el momento crítico de intentar el regreso a la legalidad. Ni la amenaza terrorista ha desaparecido para siempre ni los representantes de la antigua Batasuna han mostrado fehacientemente su rechazo a la misma, por lo que no parecen solventadas las razones que llevaron al Supremo y al Constitucional a dictar la ilegalización de la izquierda 'abertzale'. Esta ha anunciado su reconversión mediante el registro de un nuevo partido, pero la única manera que tiene de concurrir a las urnas es que rompa explícitamente con la trayectoria de terror trazada por ETA, dado que a tenor de la doctrina emanada del Constitucional sería jurídicamente insuficiente que las nuevas marcas de la izquierda 'abertzale' se comprometieran genéricamente con las vías pacíficas y democráticas, aun denostando cualquier expresión de violencia física o coactiva. Todo parece indicar que solo la condena o rechazo explícito de la violencia ejercida o latente en manos de la banda etarra permitiría al Gobierno eludir la impugnación ante los tribunales del partido que pretenda inscribir la izquierda 'abertzale' o de las plataformas que articule para las elecciones. En contra de lo que la antigua Batasuna se empeña en transmitir, no es a la democracia a la que le corresponde cambiar para que en ella se integren quienes la han combatido hasta ahora violentándola mediante el asesinato o prestando cobertura pública al terror. Es más que improbable que ETA anuncie su disolución en tan breve plazo, por lo que toca a la izquierda 'abertzale' dar los pasos que faltan y con urgencia para tratar de asegurar su presencia en los próximos comicios. Del empeño que ponga en demostrar que asume las reglas de juego comunes dependerá su legalización. Porque por mucho que la izquierda 'abertzale' y sus aliados insistan en emplazar a los poderes constitucionales solo a ella corresponde probar su desarme sometiéndose al Estado de Derecho.

La sala de lo contencioso del TSJA ha admitido el recurso que el PP presentó contra la decisión del Gobierno andaluz de no abrir expediente a Manuel Chaves, presidente entonces de la Junta, por su no inhibición en el 'caso Matsa' -la subvención de diez millones de euros a una empresa en la que su hija trabajaba como apoderada- y ha ordenado la incoación del correspondiente expediente sancionador contra el actual vicepresidente tercero del Gobierno. El tribunal invoca la ley de Incompatibilidades, por la que los altos cargos están obligados a inhibirse de asuntos en que intervengan empresas en las que participen sus familiares directos, y critica la viciada argumentación de la Junta, que no entró en el fondo del asunto. Esta sentencia, que puede ser recurrida, respalda el reproche administrativo que a toda luces mereció Chaves por no guardar la debida delicadeza en las formas en una cuestión tan delicada. La vía penal no prosperó ya que el Supremo inadmitió la querella del PP que acusaba a Chaves de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, y tampoco hubo comisión de investigación en el Parlamento aunque Chaves tuvo que explicarse en el Congreso. Pero el última instancia, los tribunales han acabado reconociendo lo que fue sin duda una gran torpeza política.