Zapatero admite que su reforma laboral no garantiza menos paro

La crisis también se ha llevado por delante el sempiterno optimismo del presidente. José Luis Rodríguez Zapatero admitió ayer que la reforma laboral que su Gobierno aprobó por decreto y el PSOE sacó adelante sin apoyos en el Parlamento no garantiza una progresiva reducción del paro. Tras desgranar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, primera desde que entró en vigor la reforma, el jefe del Ejecutivo expresó su «cautela» y «preocupación» porque «la mejora es aún tan débil que no asegura un cambio de tendencia» y «el número de desempleados sigue siendo inasumible».

El primer pleno monográfico sobre empleo evidenció el escepticismo del presidente sobre la efectividad a corto plazo de sus propias políticas. Y eso que Rodríguez Zapatero echó mano ante los diputados de la EPA de julio-septiembre -positiva por abarcar el verano y la actividad que genera-, que reflejó la creación de 70.800 empleos netos. Los partidos de la oposición prefirieron echarle en cara los datos publicados cinco días después por los Servicios Públicos de Empleo, que cifraron en 68.214 las personas que se quedaron en la calle en octubre.

El compareciente se aferró a los limitados efectos positivos de la reforma. En agosto, septiembre y octubre los contratos de fomento de la contratación indefinida crecieron a un promedio del 44% interanual, tras caer un 12% en enero-julio y más de un 57% en 2009. También aludió al aumento de las conversiones de temporales en contratos de fomento, que pasaron de suponer el 17% del total de indefinidos firmados cada mes antes de la reforma a casi el 30% en octubre. Asimismo, presumió de su «impulso» a los contratos en prácticas y de formación. En resumen, para el Gobierno la reforma laboral que impuso a empresarios y sindicatos y le costó una huelga general empieza a dar frutos, pero no será un revulsivo contra el paro, que podría volver a repuntar.

Para la oposición, con el PP a la cabeza, la nueva regulación no sirve. «Ni siquiera es capaz de frenar la destrucción de empleo, y mucho menos de crearlo», señaló Mariano Rajoy, que cree que la perspectiva que ahora ofrece el jefe del Gabinete es «un estancamiento económico».

«Sirvienta»

Por la derecha, CiU suscribió que la reforma se queda corta y propuso profundizarla. Los grupos de izquierda ERC, ICV y BNG exigieron a Zapatero que la rectifique, pero por excesiva, servil y atentatoria contra los derechos de los trabajadores. «En Europa manda quien manda y su Gobierno es una sirvienta disciplinada, con la cofia puesta para no pisar ningún callo», le espetó el republicano Joan Ridao.

El presidente expuso a la Cámara los efectos devastadores de la crisis. En casi tres años de turbulencias ha destruido dos millones de puestos de trabajo y el paro ha aumentado doce puntos, desde el 8% -mínimo en la historia de la democracia- logrado en 2007 hasta casi el 20%. Zapatero atribuyó ese desastre a dos circunstancias. Por un lado, la evolución de la población activa, que en España aumentó en 800.000 personas en el período, frente a su reducción en países como Alemania. Por otra parte, al «ajuste brusco de la construcción», sector al que estaban adscritos el 56% de los empleos destruidos. «De no haberse producido estos dos factores diferenciales en España, la tasa de paro sería sólo 2 puntos superior al promedio europeo del 12%», señaló antes de acusar al PP de alentar la burbuja inmobiliaria en sus años de gobierno.

Tras afirmar que la clave ahora está en el crecimiento, el jefe del Ejecutivo dulcificó los últimos datos del PIB y señaló que la economía «se ha mantenido estable en el tercer trimestre», cuando su crecimiento fue nulo (0,0%). «Se trata de una recuperación lenta pero sostenida». «El Gobierno estima que continuará en el cuarto trimestre y debería acelerarse en 2011 con un crecimiento del PIB del 1,3%», explicó sin mencionar que el programa de estabilidad prevé una caída interanual de la actividad del 0,3% para este año.

Ahora las prioridades del Ejecutivo son la austeridad para reducir el déficit y las reformas estructurales, entre ellas la de pensiones y la de políticas activas de empleo. Para asegurar su cumplimiento, serán incluidas en un Plan de Acción para los próximos quince meses que el Consejo de Ministros aprobará hoy.