La credibilidad está en juego

El Gobierno dice que aguarda tranquilo la huelga general porque quienes se juegan buena parte de su credibilidad futura son los sindicatos. Los últimos paros nacionales contra medidas laborales adoptadas por los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar fueron un éxito por su amplio seguimiento, pero en esta oportunidad ese resultado no está, ni mucho menos, garantizado, y todo lo que no sea una participación masiva, según el análisis que hacen los socialistas, dañará la imagen de las centrales.

Gobierno y PSOE, de un lado, y CC OO y UGT, de otro, viven una situación paradójica ante la huelga contra las medidas de ajuste y la reforma laboral. Los primeros, como es obvio, desean que no sea un éxito, pero tampoco un fracaso porque los sindicatos, con sus más y sus menos, han sido sus aliados en los seis años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y esperan que sigan siéndolo una vez que pase la protesta. El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, sintetizó el sentir gubernamental: «Lo importante» no es tanto la huelga y su éxito o fracaso sino «lo que hagamos el Gobierno y los sindicatos el día después de la huelga».

Las centrales sindicales, como también es evidente, esperan que su convocatoria tenga una amplia acogida, pero sin que genere una dinámica política que deteriore aún más la estabilidad gubernamental con el riesgo de que se lleve por delante a Zapatero. Saben que el recambio para ese caso son unas elecciones generales que serían cómodas para Mariano Rajoy y el PP.

Chaves, quien tuvo que gestionar como ministro de Trabajo la huelga general de 1989, se empeñó en restar presión y reclamó que no se valore la protesta en «términos de fracaso» para el Ejecutivo. Lo que hay que medir, dijo, es «el éxito o no éxito de convocatoria» para los sindicatos. Aunque no lo diga en público y defienda el derecho a la huelga, el Gobierno no cree que tenga un seguimiento masivo, y si lo tuviera, sería asumible, como ocurrió en su día con González y Aznar. Los sindicatos, sin embargo, se la juegan porque si la convocatoria no tiene un eco amplio su credibilidad quedaría en entredicho.

Pero sea cual sea el resultado, subrayó el vicepresidente, el Gobierno al día siguiente del paro formulará «una invitación inmediata» a las centrales sindicales para dialogar sobre aspectos de la reforma laboral porque la ley «necesita y exige un desarrollo, y ahí podemos hablar». Zapatero, además de buscar puntos de encuentro sobre las modificaciones del mercado de trabajo, quiere llegar a un acuerdo con las centrales sindicales sobre la futura reforma del sistema de pensiones. Tanto CC OO y UGT han mostrado reticencias a ampliar la edad de jubilación de 65 a 67 años, así como el incremento del periodo de cálculo para el cobro de esas retribuciones de 15 a 20 años.

«Escenificación»

El partido opositor también se ha percatado de la particular situación generada con la huelga y su secretaria general, Dolores de Cospedal, denunció que todo hace pensar que la huelga está «un poco pactada» entre el Gobierno y CC OO y UGT. Los sindicatos, agregó la dirigente popular, se han limitado a hacer «una escenificación de una ruptura» que no ha impedido que hayan pactado «por primera vez en la historia» unos servicios mínimos con el Ejecutivo mientras que no ha sido así con algunos gobiernos autonómicos del PP. Cospedal señaló que estos detalles llevan a concluir que el paro «parece que nunca ha ido contra el Gobierno ni contra sus medidas económicas».

Mariano Rajoy, sin embargo, no entró en esas sutilezas y reclamó al Ejecutivo que garantice a los ciudadanos que podrán ejercer «libremente y sin coacciones» tanto el derecho su derecho a la huelga como el de acudir a su puesto de trabajo. El líder del PP, que inauguró el nuevo ciclo de conferencias del Foro ABC, lamentó que ya «no tenga remedio» el perjuicio que el paro va a provocar en la economía española, con independencia del éxito de participación que logren las centrales sindicales convocantes.

El líder de la oposición se mostró convencido de que el 29-S supondrá «una lesión imborrable» en la imagen de España, en especial, en «nuestra voluntad de recuperación, en la cohesión política y en la solvencia laboral de los españoles». Mostró además su deseo de que se «pueda pasar página cuanto antes de esta desafortunada convocatoria», ya que lo que necesita España «es ponernos manos a la obra».