Costes para todo

A partir del próximo octubre el hospital malagueño de la Costa del Sol, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, informará a los usuarios del coste de los servicios que les hayan sido prestados. En caso de sufrir, por ejemplo, una sustitución de cadera, el paciente recibirá a título informativo una factura de 13.000 euros. Este programa de facturación a la sombra se extenderá posterior y paulatinamente a todos los centros hospitalarios públicos de la región. La medida ha despertado fuertes recelos en muchos ciudadanos que la consideran el primer paso para establecer el copago sanitario y el fin de la sanidad gratuita. Los recursos públicos deberían emplearse en mejorar la atención sanitaria, en vez de a esta finalidad meramente informativa. El sistema parece realmente perverso y cruel. ¿Qué se pretende? ¿Querrán hacer más conscientes a los numerosos enfermos crónicos, como los del cáncer que van en aumento, de los elevadísimos costes que generan? ¿Para qué? ¿Para que opten por el suicidio, por ser una carga para la sociedad?

Si la medida merece la pena, ¿por qué no se extiende a otros sectores? Así, podría calcularse el importe alumno/curso escolar y notificarlo a los padres al final de cada curso, junto con las calificaciones.

Si se trata de reflejar los costes de los servicios públicos, no parece muy acertado iniciar su aplicación por los sanitarios porque, generalmente, no dependen de nuestra voluntad. La mayoría de la población no tiene excesivo interés en frecuentar a los médicos, a los que acuden sólo cuando su salud se resiente. Lo correcto sería empezar por difundir los gastos de actos a los que se asiste voluntariamente, de los que existe una amplísima gama de las más diversas actividades financiadas íntegramente por todas las administraciones. Por ejemplo, un concierto en la playa de Chayanne, un festival aéreo, ambos con cargo al erario público. Si una entidad pública sufraga, como protocolarios, una copa o una comida, debería facturarse a los comensales su parte alícuota, para concienciarlos de que hay que evitar futuros derroches. Y si se publica en prensa, con cargo a fondos públicos, cualquier campaña de propaganda institucional ensalzando las bondades de alguna administración, se deberían incluir también los costes en el anuncio.