Situación agravada

La tercera querella admitida por el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón aumenta la carga procesal sobre el magistrado. En esta ocasión el tribunal ha apreciado dudas sobre la legalidad en las escuchas a abogados con sus defendidos en un establecimiento penitenciario. La decisión coincide con la movilización en defensa del juez que sugiere la contaminación del procedimiento por animadversión hacia quien ha prestado grandes servicios a la justicia. Sin embargo, el hecho de que ninguno de los catorce magistrados de la Sala, procedentes de diferentes asociaciones profesionales, haya formulado voto particular invita a descartar otra intención en el seno del Tribunal Supremo que no sea impartir justicia por excepcional que sea la personalidad del imputado. Las tensiones internas del ámbito judicial o los intereses políticos deben dejar paso a una actuación judicial independiente para que el magistrado pueda ser enjuiciado con todas las garantías procesales y se pueda establecer si vulneró o no el derecho al secreto de la comunicación entre abogado y defendido en prisión.