El Supremo estrecha el cerco a Garzón y le abre la tercera causa en nueve meses

En menos de nueve meses el Tribunal Supremo ha colocado a Baltasar Garzón en la picota. La tercera causa penal abierta ayer contra el magistrado de la Audiencia Nacional por su instrucción del 'caso Gürtel' supone no sólo un hito judicial -es la primera vez que un juez tiene tantos procesos abiertos al mismo tiempo-, sino que lanza un velado mensaje al Consejo General del Poder Judicial para que se apremie a suspender a Garzón antes incluso de que sea procesado por alguno de los delitos que le imputan.

El tercer golpe a Garzón, después de la presunta prevaricación en la investigación del franquismo y de su mediación con el Banco Santander para organizar unos cursos en Nueva York, llega de un proceso que aún bulle en diferentes tribunales y que durante meses tuvo en sus manos el magistrado: la trama 'Gürtel'. Con 65 imputados hasta la fecha, se trata de la mayor red de corrupción que afecta al PP desde el 'caso Naseiro' y ha sacudido los cimientos del partido en Madrid y Valencia, con réplicas de menor alcance en Castilla y León y Galicia.

«Indiscriminada»

Precisamente, Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado de uno de los implicados en la trama, el empresario José Luis Ulibarri, presentó el 9 de diciembre una querella en el Supremo contra Garzón por intervenir las conversaciones de los abogados de los presuntos cabecillas de la red, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El querellante sostenía que Garzón autorizó de forma «indiscriminada» las escuchas siendo «perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo». Para ello se amparó en la Ley Orgánica General Penitenciaria, que en uno de sus artículos sostiene que las comunicaciones de los internos con sus abogados no pueden ser intervenidas salvo por orden del juez y en supuestos de terrorismo, supuesto que no se da el 'caso Gürtel'.

Tomando este argumento como base, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, admitió ayer la querella porque «no existen razones suficientes para excluir» la posible existencia de los delitos de prevaricación e interceptación ilegal de las comunicaciones. Dicho de otro modo, que las «hipótesis incriminatorias» contra el juez no son «absurdas ni carentes de sentido» para desestimarlas.

El auto del Supremo admite, empero, que no entra en el fondo sobre el fundamento de las escuchas o las resoluciones dictadas por Garzón por este asunto, y deja el debate a una «eventual fase posterior del procedimiento».

«Enlaces»

El instructor de la Audiencia Nacional acordó intervenir las comunicaciones el 19 de febrero de 2009, siete días después de la detención de los presuntos cabecillas de la trama con la justificación de que en la trama de corrupción pudieran intervenir sus letrados como «enlace» con personas de fuera de la cárcel.

Los 'pinchazos' ordenados por Garzón recibieron el doble espaldarazo del instructor de la trama 'Gürtel' en Madrid, el juez Antonio Pedreira, y de la Fiscalía Anticorrupción. En un auto del pasado 28 de enero, Pedreira señaló que estaban «justificadas» y fueron «respetuosas con el derecho de la defensa» para que los implicados no siguieran delinquiendo desde la cárcel. Por ello, desestimó los recursos de dos abogados implicados en las escuchas con el argumento de que la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal prevalece sobre la Penitenciaria. El Supremo deberá decidir ahora si avala la apreciación del juez madrileño.

Los letrados recurrieron la resolución de Pedreira y están a la espera de que decida la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por su parte, la Fiscalía ya se ha mostrado partidaria de defender los argumentos del juez Pedreira. Sin embargo, la aparición ahora del Supremo tendrá que solucionar el vericueto jurídico que ha dejado la tercera causa abierta contra Garzón.