Los partidos nacionalistas convocan otra marcha en Bilbao

Con una marcha silenciosa este sábado por el centro de Bilbao, un lema más neutral y la representación de todas las fuerzas nacionalistas vascas, PNV y Sortu mostraron ayer su unión para responder, en un gesto sin precedentes, a la prohibición de la manifestación en favor de los presos de ETA ordenada horas antes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a pesar de que una primera valoración del juez Pablo Ruz no vio motivos para impedirla.

El magistrado se sumó a las tesis de la Fiscalía y de la Guardia Civil, y alegó que los organizadores del acto, la plataforma Herrira a través de su sucesora 'Tantaz tanta' ('Gota a gota'), tiene su actividad suspendida desde septiembre, como consta en el sumario que él mismo investiga, por tratarse de forma indiciaria de un «grupo terrorista». Es decir, considera que ocupa «el vacío dejado» por las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, señaladas por la Justicia como parte de ETA.

Esta resolución de ayer no era una decisión cualquiera. Velasco, juez de tendencia conservadora, impedía por vez primera la marcha anual en favor de los presos etarras que los colectivos afines habían venían realizando desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada, en octubre de 2011.

En las dos ocasiones anteriores, enero de 2012 y 2013, habían sido autorizadas por jueces de la Audiencia Nacional y no se habían producido incidentes. Es más, la del pasado año fue convocada por Herrira. Pero la operación policial dirigida Velasco a finales de septiembre, que se saldó con 18 detenidos integrantes del colectivo abertzale, que luego quedaron en libertad condicional, lo cambió todo.

Sobre esta base se fraguó la prohibición de ayer. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría en la plataforma 'Tantaz tanta', que habían preparado con mucha antelación el acto y contaba con la presencia de unos 300 autobuses en Bilbao. El objetivo era hacer una demostración de fuerza para convertir las calles de la capital vizcaína en «la mayor ocupación de espacio público de la historia reciente» de Euskadi.

Buscaban reclamar al Gobierno central el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas, en sintonía con el comunicado del colectivo de reclusos de la banda terrorista (EEPK) del pasado 28 de diciembre. Ese día asumieron toda su responsabilidad «sobre las consecuencias de sus acciones» y «el sufrimiento y daño multilateral generados», y se mostraban partidarios de estudiar el acatamiento de la legislación penitenciaria que conllevara el cumplimiento de sus condenas. Un paso adelante sin precedentes para todas las fuerzas políticas vascas, a excepción del PP, que no apreció ningún cambio.

Excepcionalidad

En este contexto se entiende la respuesta política que dieron PNV y Sortu, apoyados por Eusko Alkartasuna, Alternativa, Aralar o los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, para contrarrestar la prohibición del juez Velasco con la convocatoria de otra marcha. El lema será 'Giza Eskubideak. Konponbidea. Bakea' (Derechos humanos. Solución. Paz), mucho más neutral que el proponía la convocatoria fallida, que se refería específicamente al regreso a Euskadi de los presos vascos. La nueva marcha partirá a las 18.00 horas del polideportivo La Casilla y el recorrido será casi idéntico al previsto por 'Tantaz tanta'.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el máximo responsable de Sortu, Hasier Arraiz, comparecieron en rueda de prensa en un céntrico hotel bilbaíno pasadas las 19.00 horas para leer un manifiesto «excepcional» en respuesta a una «situación excepcional», en referencia a la prohibición de la marcha.

«Frente a la conculcación de derechos humanos y ante medidas excepcionales negativas, todos los aquí reunidos expresamos nuestra voluntad de fortalecer el nuevo escenario que se ha abierto en nuestro pueblo y a tomar las medidas necesarias para consolidarlo, tal y como hacemos en el día de hoy», indicó el líder del PNV, que llamó a la sociedad vasca a acudir mañana y «a trabajar de forma conjunta en la consecución de los objetivos que se recogen en su lema». La inusual foto del presidente del PNV con representantes de izquierda abertzale solo tiene antecedentes en los años del pacto de Lizarra, suscrito en 1998 entre los nacionalistas vascos y Herri Batasuna.

El Gobierno vasco anunció que no acudirá a la manifestación silenciosa aunque consideró que la decisción de Velasco es ««incomprensible para la sociedad vasca» y «muy grave», en palabras de su portavoz, Josu Erkoreka.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo solicitó, a su vez, ante la Audiencia Nacional la prohibición del acto al justificar que se trata de «una actuación en fraude de ley cuyo único objeto es eludir el cumplimiento de la resolución» dictada por el juez Velasco. El colectivo mayoritario de víctimas recuerda que la nueva convocatoria es idéntica a la prohibida, no tiene otro objetivo que eludir la autoridad judicial y supone ofensa para todas y cada una de las víctimas del terrorismo. La decisión final recaerá en el juez de la Audiencia Ismael Moreno, de guardia esta semana.