«La ley de la patada en la boca a la democracia»

Los partidos que forman la Izquierda Plural en el Congreso (IU-ICV, EUiA, CHA) han prometido hoy movilizaciones contra el anunciado anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de ésta "nazca muerta", como pasó con la 'ley Corcuera' a principios de los noventa. El diputado de ICV Joan Coscubiela ha afirmado que si la ley Corcuera -aprobada en 1992 y anulada un año después por el Tribunal Constitucional- era también conocida como la "ley de la patada en la puerta", la del Gobierno de Mariano Rajoy es la "ley de la patada en la boca a la democracia".

La Izquierda Plural cree que el Gobierno del PP, después de "intentar cargarse el Estado social", va a "empezar ahora una ofensiva brutal contra los derechos civiles y constitucionales", en la que buscará "criminalizar a los movimientos sociales" y "prohibirles el derecho a movilizarse". En la misma comparecencia, el portavoz del grupo, José Luis Centella (IU), ha arremetido contra la pretensión de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de "acabar con el derecho de huelga". Centella ha acusado a Botella de tener una "mentalidad preconstitucional" y le ha advertido de que IU va a defender ese derecho, porque conseguirlo "costó mucho trabajo y alguna que otra vida".

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha apelado a la cautela, en los pasillos de la Cámara, hasta conocer los detalles de la nueva regulación, aunque ha llamado la atención ante "la cantidad" de las sanciones pecuniarias que se están proponiendo y que, a su juicio, son "un tanto exageradas". "Yo creo que el mejor blindaje de las instituciones viene por la adhesión ciudadana hacia ellas y no tanto por las medidas policiales que se puedan implantar", ha subrayado.

Asimismo, los diferentes colectivos y organizaciones ligados al movimiento 15-M consideran que con el anteproyecto el Gobierno pretende "imponer la ley del miedo" y "criminalizar cualquier acto de protesta", como ya ocurría en la "época de la represión franquista". "Es una vuelta de tuerca. Intentan amedrentarnos e imponer la ley del miedo. Es una salida autoritaria. El PP tiene un problema con la democracia y los Derechos Humanos y lo están acreditando en la legislación. Es una ley mordaza para callarnos la boca", ha asegurado en declaraciones el asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafa Mayoral.