La mina en que quedaron atrapados 33 personas en Chile será vendida

Tres años de después de sepultar a 33 mineros chilenos en Atacama, en el norte del país, la mina San José podría volver a estar operativa en otras manos. La venta de la explotación, que se encuentra prácticamente abandonada, fue acordada por la por la junta de acreedores de la empresa Minera San Esteban, dueña de la mina, que no tuvo más remedio que declararse en quiebra tras el accidente.

Según informa el diario ‘El Mercurio’, para que se recupere la actividad con todas las garantías, es preciso que hagan nuevas galerías. Cuando se desplomó el yacimiento, la tierra atrapó entre sus fauces a 33 mineros, quienes permanecieron soterrados durante 69 días, a más de 600 metros de profundidad. Tras realizarse un gigantesco túnel, los mineros -32 de ellos chilenos y un boliviano- fueron rescatados sanos y salvos, en una operación que fue seguida en directo por las televisiones de todo el mundo.

La venta del yacimiento se produce en vísperas de que se cumpla el tercer aniversario del siniestro. Para desgracia de los damnificados, la investigación penal del accidente se cerrará sin la existencia de acusados, una decisión que ha sublevado a los mineros."¡Me enterraron otra vez estos desgraciados! Estoy mal, he llorado toda la mañana, esto es un ejemplo de la mala justicia chilena, se pudo haber hecho mucho más", despotricó el minero Mario Sepúlveda, en declaraciones a AFP.

La operación de venta forma parte de un acuerdo judicial que busca liquidar los activos de la empresa Minera San Esteban. Así las cosas, se pagarán los finiquitos de los trabajadores y un 25% del valor del rescate, cuyo coste se elevó a 16,5 millones de euros. La venta incluye la enajenación de otro yacimiento de propiedad de la minera y unos terrenos.

De forma paralela, sigue abierta una demanda civil por negligencia en contra del Estados chileno, en virtud de las cual los mineros exigen una indemnización de 375.000 euros para cada uno. Los trabajadores sopesan además recurrir el cierre de la investigación penal, que tenía como principales inculpados a los dueños del yacimiento. Según los mineros, la explotación debía estar clausurada en el momento del derrumbe por no contar con vías auxiliares de emergencia.