Las dos mujeres que tiraron el cadáver de un niño a la basura, de nuevo a prisión

Las dos mujeres acusadas de matar a un niño de tres años y arrojar el cadáver a la basura, Vanessa R. V. y Pura Ángela M. S., se encuentran otra vez entre rejas. La Audiencia Provincial de Valencia ha revocado los autos de libertad provisional de las dos jóvenes bolivianas tras estimar el recurso presentado por la madre de la víctima.

Las imputadas, que ingresaron ayer en el centro penitenciario de Picassent, fueron detenidas por la Policía Nacional y trasladadas al juzgado que instruye el caso. Vanessa R. y Pura Ángela M. estaban citadas para las diez de la mañana en la Ciudad de la Justicia de Valencia. La juez iba a comunicarles la decisión del tribunal, pero no se presentaron en las dependencias judiciales.

Tras esperar un tiempo prudencial, la magistrada ordenó a la policía la detención de las dos mujeres para evitar que pudieran huir de España. Unas dos horas después, las dos jóvenes fueron arrestadas y llevadas ante la juez, que decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para ambas imputadas.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia considera que se cumplen los requisitos para revocar los autos de libertad provisional de Vanessa R. y Pura Ángela M. por la «ausencia de arraigo social, familiar y laboral» de las dos mujeres, «su implicación en la muerte del niño», cuyo cadáver arrojaron a un contenedor de basura, y el fuerte «golpe en la nuca que sufrió el menor unas 48 horas antes de su muerte». El auto del tribunal acepta en sus razonamientos jurídicos los motivos de impugnación alegados por el abogado Lucas Boloix en representación de la madre del menor, aunque el informe de la autopsia no permite establecer una causa de la muerte del niño.

El estado del cadáver con la ausencia de algunas partes anatómicas dificultó el trabajo de los forenses, ya que el cuerpo pasó por la planta de tratamiento de residuos sólidos de Quart de Poblet y fue hallado en el vertedero de Dos Aguas. La Audiencia también explica en su fallo que el cadáver del pequeño no se halló en condiciones que pudieran sugerir «cuidado y protección, sino todo lo contrario», y destaca un desencadenamiento violento de la muerte: una herida sangrante en la nuca que el menor sufrió 48 horas antes de su fallecimiento.

La naturaleza de la lesión es compatible con un objeto romo, sin aristas y sin irregularidades, pero según el informe forense, no se puede determinar si el «objeto impactó contra la zona de la lesión o el cuerpo (del niño) fue proyectado de manera que se golpeó contra un elemento que causó las lesiones».

Las dos imputadas declararon que el niño había muerto de forma accidental al golpearse en la cabeza en la bañera en una vivienda de la calle Pintor Pascual Capuz -donde residían las dos mujeres, el menor y una anciana inválida-, pero la primera versión que dieron fue la de un secuestro en un parque de Valencia. Las dos jóvenes mintieron al manifestar que dos hombres les habían arrebatado al pequeño tras hacerse pasar por policías. Antes de ser detenidas, las sospechosa ayudaron incluso a la madre a colocar carteles por la ciudad de Valencia con la foto del menor y un texto que explicaba el falso rapto.

Tras confesar que habían arrojado el cadáver a un contenedor de basura, la policía y los operarios del vertedero de Dos Aguas revolvieron y desmenuzaron cerca de 400 toneladas de basura hasta que encontraron el cuerpo del niño. El macabro hallazgo tuvo lugar el 4 junio de 2012. Las dos imputadas pasaron nueve meses en prisión. Su estancia entre rejas y muros no fue fácil. Vanessa R. y Pura Ángela M. recibieron amenazas e insultos. Para evitar incidentes de mayor gravedad, la dirección de la cárcel de Picassent decidió su traslado inicial a un módulo de aislamiento, donde fueron vigiladas por algunas internas de confianza.

El 11 de febrero de este año, las dos mujeres obtuvieron la libertad provisional, aunque la juez les retiró el pasaporte y les obligó a comparecer tres veces por semana en la oficina de presentaciones de la Ciudad de la Justicia. El abogado de la familia del menor, Lucas Boloix, recurrió dos veces la puesta en libertad de las dos mujeres, primero ante el juzgado que instruye el caso, y después ante la Audiencia Provincial de Valencia, que ha estimado la apelación. Según el auto del tribunal, «los fines de la prisión provisional están vinculados a la necesidad de garantizar el normal desarrollo del proceso penal» y, especialmente, «la presencia de las imputadas en el juicio».