Wert confirma que el Gobierno aprobará la Lomce mañana

La reforma educativa será aprobada mañana en el Consejo de Ministros. Así lo ha confirmado este jueves el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al ser preguntado por el asunto. "Todas esas preguntas tendrán una respuesta clara y terminante mañana", ha explicado tras ser interpelado por un posible nuevo aplazamiento.

El último obstáculo de la Lomce ha sido la financiación. Y es que tanto las comunidades autónomas -también las de PP- como el Consejo de Estado albergaban dudas sobre la memoria económica de la ley. Unos interrogantes que ya obligaron al Gobierno a posponer la aprobación de la normativa en el Consejo de Ministros la semana pasada. Para solventar este problema, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría ya adelantó la posibilidad de recurrir a los fondos europeos en algunos ámbitos, “especialmente la Formación Profesional”, explicó.

Los costes por la implantación de la Lomce se dividen entre directos e indirectos. Los primeros son asumidos por la administración central en su totalidad (por ejemplo, evaluaciones externas al final de cada etapa). Según la memoria económica ascenderían a 23 millones en el primer año de aplicación, 130 millones en el segundo y 255 millones en el tercero (el incremento se debe a la implantación gradual de la normativa).

Por su parte, los costes indirectos, es decir, aquellos derivados por el refuerzo de la FP o de los distintos itinerarios en 4º ESO, son sufragados por las comunidades autónomas. Y estos costes son los más elevados. De hecho, el gasto contemplado en la memoria asciende a los 334 millones en el escenario menos optimista (en el que menos alumnos cursan un módulo FP) o se eleva hasta los 927 millones en el escenario más positivo.

Otro de los aspectos de la reforma que sufrirá algún cambio es el del uso de garantizar el castellano en las aulas. El enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat, que considera el anteproyecto un ataque directo a su modelo de inmersión lingüística, tiene el mayor punto de fricción en la obligación de la comunidad de costear la escolarización en un centro privado a los alumnos que elijan el castellano como lengua vehicular. El departamento que dirige José Ignacio Wert aseguró que buscaría nuevas fórmulas después de que el Consejo de Estado recomendara su exclusión de la ley por la dificultad «técnico-jurídica» de su aplicación y por la invasión de competencias. «Afecta al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia», arguyó.

Los pilares de la reforma

Sin embargo, la columna vertebral de la normativa, los pilares fundamentales según el ministerio, se mantendrán pese a las numerosas protestas de la comunidad educativa como a las observaciones del principal órgano consultivo. Es el caso de la derogación de Educación para la Ciudadanía, cuya inclusión defendió el Consejo de Estado para cumplir con las recomendaciones de la UE sobre la importancia del aprendizaje de los valores democráticos «con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa». Sin embargo, desde el ministerio aseguran que esos temas se repartirán entre el resto de asignaturas como Lengua o Historia.

El ministerio tampoco prepara cambios en las alternativas a la Religión (Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria) ni en la posibilidad de que los colegios con segregación por sexos reciban financiación pública. Las evaluaciones externas al final de cada etapa y el adelanto de los itinerarios en 4º ESO con dos vías, una encaminada para el Bachillerato y otra para la Formación Profesional, es otra de las grandes apuestas del ministerio para lograr reducir la altas tasas de abandono escolar temprano (24,9%) y mejorar los datos de España en el informe PISA.