Los políticos investigados podrán ser inhabilitados durante seis meses

Los jueces podrán inhabilitar temporalmente, durante seis meses, y de forma provisional a los cargos públicos cuando estén inmersos en un proceso judicial, según ha confirmado hoy en el Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La reforma se incluye en el borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que será aprobada en otoño y que entrará en vigor en esta legislatura.

Esta potestad de los jueces a la hora de investigar a los políticos aforados que hayan sido imputados o estén siendo investigados en los Tribunales Superiores de Justicia o en el Tribunal Supremo obedece al intento de evitar la reiteración delictiva. En la práctica, supone que un político encausado pueda ser suspendido antes de que se celebre el juicio y si es absuelto volverá a ejercer su cargo.

La comisión de expertos que ha elaborado la reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma que data del siglo XIX y que desde entonces ha sido ‘parcheada’ 47 veces, acomoda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo en este aspecto y “refleja la experiencia de modelos comparados que funcionan de forma adecuada en los países comunitarios”, según explica el borrador.

Fiscal investigador

El texto, que ha sido detallado hoy por Ruiz-Gallardón en la Comisión de Justicia del Congreso, también propone que los fiscales puedan dirigir la investigación de los procesos judiciales, que ahora llevan a cabo los jueces, pero no podrán dictar medidas cautelares, que quedarán reservadas a la nueva figura del juez de garantías del proceso, que también dictará la apertura de juicio oral.

El fiscal investigador dispondrá de seis meses para efectuar las diligencias en su investigación, aunque podrá ser prorrogado 18 meses más en delitos más complejos. El principal inconveniente es que no hay fiscales suficientes, según ha criticado la oposición al ministro.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incorpora otro cambio al sustituir el término imputado por el de “encausado” y que se aplicará al que esté incurso en una investigación penal, para evitar así la connotación peyorativa del primero. Asimismo, la acusación popular ganará fuerza en los procesos y tendrá la legitimidad para pedir la apertura de juicio oral.