El Gobierno defiende la 'tasa Gallardón'

Cierre de filas en torno a Alberto Ruiz Gallardón. Soraya Sáenz de Santamaría ha eludido hoy valorar las críticas que la comunidad judicial ha dedicado de manera casi unánime al aumento de tasas promovida por el ministro Gallardón. Se ha limitado a apostillar que entiendo que los usuarios o lo que trabajan en la administración de justicia consideren que ciertas medidas afectan a cómo funcionaban las cosas hasta ahora, "pero la obligación del Gobierno es tomar determinadas decisiones que no son fáciles" y que lo único que pretenden es acertar para mejorar un servicio público que es uno de los peor valorados por los ciudadanos.

Ha ironizado con que todo el mundo, incluida los estamentos judiciales, han animado al Ejecutivo para que hicieran muchas reformas estructurales "hasta que tocan" a su nivel de actuación. La vicepresidenta del Gobierno ha defendido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la intención última del Ejecutivo es aumentar los beneficiarios de la justicia gratuita. Para ello, se ha optado por un "reparto diferente de los costes" que permitan esa "mejora sustancial" en la prestación de este servicio a las personas que menos recursos tienen. Se trata, según ha explicado, de que las personas que tengan más recursos para litigar, paguen más para cubrir las necesidades de aquellos que no tienen las mismas posibilidades económicas.

La número dos del Gobierno ha incidido en que estas tasas judiciales no son nuevas, sino que existen desde 2002 y que, además, se trata de un instrumento común de financiación en todos los países de la Unión Europea. Ha recalcado que en España, hasta ahora, el porcentaje de recaudación por este concepto era muy inferior al resto de socios europeos. La vicepresidenta del Gobierno ha incidido en que en España funciona un sistema de asistencia jurídica a las personas que no pueden litigar que supone, no sólo la eliminación de la tasas, abogado y procurador.

Un servicio que en 2011 benefició a más de 2,7 millones de personas y que, de cara a 2013, "quiere ampliar aún más, elevando los umbrales" de las personas que pueden acogerse al mismo. Sáenz de Santamaría ha puesto el acento en que no todos los procesos judiciales llevan aparejadas el pago de tasas y que, además, existe la a condena en costas. "Si un ciudadano, después de litigar, gana sabe que el condenado deberá pagar la tasas que ha generado él y de la persona que se ha tenido que defender", ha acotado.