Sean Connery, imputado por un delito contra la ordenación del territorio en Marbella

El actor escocés Sean Connery y su mujer han sido imputados en la investigacion que se lleva a cabo sobre la construcción de viviendas en la finca Malibú, según han confirmado fuentes judiciales. Estos terrenos, en los que se ubicaba la vivienda que el matrimonio tenía en Marbella, están siendo investigados por la ejecución de varias operaciones urbanísticas que supusieron un perjuicio económico a las arcas municipales de más de 2,7 millones de euros, según establece el Tribunal de Cuentas.

Los hechos se investigan en el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, que ha decretado el secreto parcial de unas actuaciones en las que están imputados, entre otros, el ex alcalde Julián Muñoz y el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y por las que la Policía registró el pasado miércoles los despachos en Marbella y Madrid del bufete de abogados Díaz-Bastien y Truan con objeto de recabar documentación ante un posible delito de blanqueo de capitales.

La causa judicial se remonta a junio de 2007, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos contra Muñoz, Roca y el tasador José Mora, a quienes atribuye irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos. La querella se desglosó en 27 diligencias y en lo que respecta a estas actuaciones el instructor del caso, Ricardo Puyol, imputó también a media docena de ex concejales del GIL y a las abogadas Raquel Escobar y María Antonia Castañón, colaboradoras jurídicas de Roca en Urbanismo.

Las actuaciones policiales practicadas en las últimas horas tienen lugar después de que el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) elaborara un informe encargado por el juez instructor del caso, que pidió también una investigación de los hechos a la Udyco Costa del Sol, así como a la Agencia Tributaria. Ante los resultados del informe del Sepblac, Puyol decidió la pasada semana decretar el secreto parcial de las actuaciones para todas las partes, salvo para el Ministerio Fiscal, por un tiempo no superior a un mes, según el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Convenios urbanísticos

El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella en los años 2000 y 2001, cifra en 2.775.000 euros el agujero económico causado a las arcas municipales en virtud de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas en relación con una parcela situada en el partido del Rodeo y la Pepina. El ex alcalde Julián Muñoz puso rúbrica en enero de 2000 a la primera actuación: un convenio con Malibú S.A., sociedad dueña de los terrenos representada por uno de los abogados fundadores del despacho Díaz-Bastien y Truan, por el que el Consistorio marbellí le vendía el exceso de edificabilidad.

El acuerdo, según el informe, suponía para el Ayuntamiento una pérdida de más de mil metros cuadrados. En marzo de 2001, Muñoz suscribió otro convenio con By the Sea por el que se acordaba el incremento de edificabilidad de una parcela colindante y la venta de la parte que correspondía a la Administración local. Según el Tribunal de Cuentas, ninguno de los convenios fue aprobado en pleno. By the Sea adquirió posteriormente más de 6.500 metros cuadrados de la finca de Malibú S.A. y solicitó una licencia para construir 72 viviendas, concedida en abril de 2003. Unos días después, Muñoz firmó un nuevo convenio que establecía también un aumento de edificabilidad.