Dragados se salva del ERE que implanta ACS en su área industrial

ACS ha comenzado las negociaciones con los sindicatos para lanzar un Expediente de Regulación de Empleo ( ERE ) a 260 personas de dos de sus filiales industriales , coincidiendo con la operación de venta de parte de su negocion con la francesa Vinci por 5.200 millones de euros. De momento, la empresa Dragados Offshore , con planta en Puerto Real , incluida en la división industrial de ACS, se ha salvado de esta medida de ajuste. Los despidos ascienden a 207 personas en el caso de Intecsa Ingeniería Industrial y a 53 en el de Initec Energía, que representan en torno a un 55% y un 75%, respectivamente, de sus platillas totales. Pese a que de momento los despidos solo afectan a estas dos empresas, los sindicatos prevén una oleada de anuncios de expedientes en otras filiales industriales del grupo que busquen « vaciar de personal a la compañía antes de venderla».

Además de Cobra, que concentra el 18% de las ventas totales del grupo que preside Florentino Pérez, en este negocio industrial también se encuentran Dragados Offshore, Cymi, Maessa, Maetel, Imasapi, Etra o Semi, entre otras. Algunas de estas empresas presentaron distintos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas en el marco de la crisis sanitaria, aunque no de fuerza mayor, los que flexibilizó el Gobierno para intentar mantener el empleo, ya que las empresas de ingeniería en principio no se podrían acoger.

Las negociaciones para el ERE ya han comenzado y tendrán que concluir antes del próximo 31 de diciembre con acuerdo . De lo contrario, las partes tendrían que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las condiciones parten del mínimo legal de 20 días por año trabajado.

Recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Cobra Instalaciones y Servicios a eliminar de sus contratos o pedidos de suministro de hormigón las condiciones relativas al plazo de pago a proveedores, que superaba con anterioridad el plazo máximo legal de 60 días naturales. El fallo responde a una apelación realizada por ACS a la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), que llevaba ocho años instando a la empresa a retirar de sus contratos las condiciones de pago que vulneraban la legislación de lucha contra la morosidad.

Un análisis de Sabadell concluye que el impacto de esta sentencia es «limitado» ya que las ventas de Cobra en España solo suponen el 6% de la facturación total.