El PP exige a Sánchez que aclare si hay intermediarios en la operación de Ikea

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Jerez, María José García-Pelayo, exigió ayer a la alcaldesa de la ciudad, Pilar Sánchez, que aclare si ha habido intermediarios en la operación de venta de los terrenos con los que se compensará el traspaso de 600.000 metros cuadrados de suelo público a la multinacional sueca Ikea.

«Queremos que se confirme si ha habido intermediarios o no en la operación porque Pilar Sánchez no lo niega y Pedro Pacheco lo confirma», manifestó la edil popular. La portavoz del principal partido de la oposición cuestionó la presencia en la operación del empresario José Luis López, conocido como «El turronero», después de que el primer teniente de alcalde, Pedro Pacheco, confirmara el pasado jueves que la firma sueca y este empresario habían alcanzado ya un acuerdo para la adquisición del suelo compensado. López posee una opción de compra sobre estos terrenos, propiedad de la familia Terry, que Ikea cederá al Consistorio para .

Dudas

María José García-Pelayo puso en duda además la idoneidad de esos solares para que sirvan de compensación«¿Por qué precisamente tienen que ser esos suelos y no otros», se preguntó la portavoz de los populares, que reclamó los informes del Ayuntamiento de Jerez que «justifiquen la elección de ese suelo».

«El término municipal de Jerez es muy grande y seguro que hay otros suelos de sustitución», aseguró María José García-Pelayo. García-Pelayo aclaró que su grupo considera «una buena noticia» la implantación de la multinacional del mueble. «Pero estamos preocupados porque Ikea pierda su interés en instalarse», lamentó la edil popular.

Suelo público

Los 600.000 metros cuadrados que Ikea utilizará para implantarse en la Hijuela de Rompecerones, en Picadueñas Baja, son aún de titularidad pública ya que originariamente iban a servir para la instalación del parque de atracciones «Speed Festival», impulsado por Pedro Pacheco cuando estaba al frente de la Alcaldía de la ciudad. El proyecto se vino abajo finalmente por la falta de inversores. El Consistorio está obligado a compensar esta venta de su suelo con la adquisición de otro solar de similar extensión, y además debe proceder a recalificar los terrenos, un proceso que aún no ha sido llevad al Pleno municipal.