Un repunte de los desahucios vuelve a poner en alerta a las organizaciones sociales

La imagen del nuevo alcalde de Cádiz, José María González, y de cuatro de sus concejales intentando frenar un desahucio el pasado junio se coló por todos los rincones, sin embargo, el circo que montaron los representantes de la nueva Corporación municipal en la calle Benjumeda no sirvió de nada. La propietaria de la vivienda, una viuda enferma, llevaba dos años sin recibir el alquiler y el juzgado actuó de oficio contra los inquilinos. Los desahucios no se han frenado en la provincia. Al contrario, han seguido, pero con menos impacto mediático.

Las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos por impago de alquiler se mantienen al alza en Cádiz. Sin embargo, la negociación entre acreedores y deudores ha ganado parte de la batalla de este drama social.

La sentencia del tribunal europeo de marzo de 2013 marcó un antes y un después en la guerra a los desahucios. El fallo reconocía que la ley hipotecaria de nuestro país se tenía que adaptar a la normativa comunitaria y, al mismo tiempo, destacaba que los contratos hipotecarios de los bancos recogían cláusulas abusivas amparados, precisamente, en la norma española. Este fallo judicial cambió, en cierto modo, el procedimiento que se llevaba a cabo en España en materia de desahucios y logró abrir la puerta a la negociación entre las partes.

Pese a todo, los desahucios autorizados por los juzgados gaditanos, lejos de bajar, han crecido en los últimos años. El pico más alto de actuaciones contra impagos autorizadas por los jueces se registró en Cádiz en 2012 con 1.537 casos. La cifra bajó al año siguiente hasta los 1.351, pero nos encontramos de nuevo con un incremento. La memoria del Consejo del Poder Judicial recoge 1.519 órdenes de desahucio en 2014 y entre enero y junio de 2015, la cifra asciende a 893. De seguir este ritmo, el año puede acabar superando al anterior y batiendo un récord.

Desde luego hay más, pero con menos ruido. El responsable de la Plataforma Antidesahucios en la Bahía, Juan José Sánchez, reconoce que los procedimientos judiciales no se han detenido, aunque reconoce más capacidad de diálogo entre las partes. No obstante, resulta insuficiente a todas luces «porque es un problema latente en la provincia de Cádiz que no tiene fin».

El paro ha sido la principal causa que ha llevado a miles de familias a abandonar el techo que pagaban. Esta situación se ha recrudecido con especial virulencia en Cádiz, que suma una tasa de desempleo del 37,8%, según la Encuesta Población Activa (EPA) del último trimestre. La provincia se ha movido en tasas de hasta el 41% de paro en los peores años de la crisis, lo que da idea de las dificultades de las familias para afrontar los pagos de una hipoteca. Es el caso de los propietarios de unifamiliar en la urbanización chiclanera de Los Gallos, la Plataforma Antidesahucios logró el pasado 19 de octubre frenar su lanzamiento y forzar a una nueva negociación con la entidad de crédito que ha denunciado el impago de la hipoteca.

El caso de sus dueños es muy común en Cádiz. Se trata de una pareja que perdió su empleo en 2012 y que, desde entonces, se han ganado la vida con contratos temporales en el sector de la hostelería y a través de la economía sumergida. Sin embargo, los ingresos mensuales dan para comer y pagar algunos servicios básicos, pero en absoluto para afrontar el recibo mensual de la hipoteca.

Viviendas vacías

El responsable de la Plataforma Antidesahucios pide más implicación de las administraciones públicas para paliar el problema. Uno de los mayores retos que tienen ahora las organizaciones sociales es convencer a los bancos para que pongan en régimen de alquiler social el parque inmobiliario que han recibido a través de los desahucios. Según datos aportados por la Plataforma, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como SAREB, tiene en la provincia de Cádiz 1,843 viviendas procedentes de impagados. Juan José Sánchez reclama que estos pisos sean arrendados a los afectados por desahucios.

Es aquí donde la Plataforma busca la complicidad de ayuntamientos y de la Diputación. Esta misma teoría es la que se ha propuesto desde el Ayuntamiento de Cádiz para resolver la situación de la Corrala de la Bahía. Se trata de 28 familias que ocuparon hace algo más de un año un edificio de la avenida de Portugal, propiedad del Banco Santander. La entidad se hizo con el inmueble tras presentar su constructora problemas de pago.

El drama social no cesa. Cádiz sigue atascada en el furgón de cola del desempleo con 181.659 parados inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según el dato de septiembre. Pero el registro más escalofriante lo encontramos en la última EPA que arroja una población total desempleada de 217.000 personas, de las que 82.851 perciben alguna prestación, mientras que 134.249, el 61,8%, vive sin prestación alguna.

Los ayuntamientos, conocedores del drama social, destinan parte de su presupuesto a cubrir estas necesidades. Las administraciones públicas evitaron alrededor de 300 desahucios en la capital gaditana a lo largo de 2014. La mayoría de ellos sentándose a negociar con bancos, ofreciéndoles una ayuda a propietarios en apuros o a inquilinos para ponerse al día con la renta. También lo han evitado dándole la vuelta a hipotecas abusivas, permitiendo que el afectado no forme parte de la dramática estadística de los lanzamientos. Tal vez se puede hacer más, pero hay que medir las maneras.