El alcalde fue absuelto tras declarar por presunto delito de injurias y calumnias en el caso Loreto.
El alcalde fue absuelto tras declarar por presunto delito de injurias y calumnias en el caso Loreto. - ANTONIO VÁZQUEZ
MUNICIPALES

Una legislatura paralela en los tribunales

Alcalde y concejales han pasado varias veces por los juzgados en los últimos tres años

CÁDIZActualizado:

Los asuntos municipales han llevado al alcalde de la ciudad, José María González Santos, y a varios concejales de la Corporación del Ayuntamiento gaditano a acudir a los tribunales a declarar ante la justicia en varias ocasiones.

Es precisamente la judicialización de la vida política una de las críticas más repetidas por el equipo de Gobierno y el argumento más utilizado tanto por el regidor gaditano como por los concejales para cuestionar al Partido Popular, que es el grupo de la oposición que más denuncias ha presentado en contra de la acción de gobierno de Podemos.

La gestión de los cortes de agua que se produjeron en el barrio de Loreto en el año 2014 tras detectarse una bacteria en el suministro trasladó hasta los juzgados a concejales, asesores y hasta a técnicos municipales.

Por un lado, desde el equipo de Gobierno, el entonces concejal de Medio Ambiente y presidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza, llevó ante la Fiscalía este asunto por si el anterior equipo de Gobierno -encabezado por la exalcaldesa Teófila Martínez- había cometido alguna negligencia durante la gestión del incidente en Loreto, que se prolongó durante 14 días. El Ministerio Público, tras analizar toda la documentación entregada, decidió archivar el caso al no hallar indicios de responsabilidad penal en el asunto.

Asimismo, desde el Partido Popular se denunció al alcalde de la ciudad, José María González Santos; al exedil de Medio Ambiente, Manuel González Bauza; y al jefe de gabinete del alcalde, José Vicente Barcia Magaz; por presuntas injurias y calumnias al declarar en una asamblea ante los vecinos de Loreto que se había estado suministrando agua a 13.000 gaditanos «a sabiendas» de que estaba contaminada.

Los tres, que acudieron al juzgado en calidad de investigados, fueron absueltos finalmente al entender la jueza del Juzgado de lo Penal 5 que no tuvieron «intención de difamar» y que dichas declaraciones se efectuaron «en el ejercicio de la crítica política».

No obstante, esta sentencia está recurrida por parte de los populares ante la Audiencia Provincial y se está pendiente de que este tribunal se pronuncie al respecto. El PP también ha recurrido otra resolución judicial que dio la razón al alcalde acerca de la falta de información a la oposición.

Amenazas a un concejal

Otro caso sonado en el que también tuvieron que pasar concejales de la Corporación municipal por los Tribunales fue el de la denuncia por parte del PSOE por las amenazas hacia su portavoz, Fran González, por parte de un miembro de Podemos que figuraba en el número 13 de las listas a las anteriores Elecciones Municipales de 2017, Manuel Aléxis González, que acabaron con una sentencia condenatoria de un año de prisión para éste. El PP también se personó en esta causa.

Por su parte, el alcalde ha tenido que declarar recientemente en los juzgados de San José por el denominado caso de los chiringuitos en calidad de investigado tras la denuncia presentada por Ciudadanos por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos con la gestión de estos establecimientos.

A juicio de la formación naranja, se realizó por decreto la concesión administrativa de los chiringuitos de la que el Consistorio era titular a los empresarios titulares de la explotación sin presentar un concurso público y «cediendo las concesiones de forma gratuita y arbitraria sin pedir contraprestación alguna».

Alumbrado y Aguas de Cádiz

Esta última semana el alcalde también ha declarado como investigado en relación al contrato de ampliación del alumbrado en la Navidad de 2016, que se hizo a través de un convenio entre Eléctrica de Cádiz y el Ayuntamiento y en el que, a juicio del PP, podría haberse cometido una posible prevaricación. El alcalde, dentro de la fase de investigación previa, acudió a la Fiscalía para declarar ante la denuncia de los populares por «falta de información».

Pendiente está a su vez la resolución sobre la denuncia presentada por el equipo de Gobierno ante la gestión del portavoz popular, Ignacio Romaní, al frente de la empresa municipal Aguas de Cádiz, al considerar que se cometieron una serie de irregularidades.