TRIBUNALES
Jueces y fiscales de Cádiz paran «cansados» de pedir más medios
De nuevo se han concentrado a las puertas de los juzgados de la provincia para exigir que se les dote de más recursos y puedan realizar su trabajo con normalidad
Jueces y fiscales de la provincia continúan con el calendario de movilizaciones que han puesto en marcha para exigir a las autoridades competentes que les doten de más y mejores medios y así poder realizar su trabajo con racionalidad y eficiencia, tal y como se les exige.
En las puertas de la Audiencia Provincial de Cádiz se han concentrado varios profesionales de la judicatura y han realizado un paro de una hora, como seguirán haciendo cada jueves de este mes. Entre los siete jueces que han participado en la protesta, se encontraba el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella.
Según han anunciado, el próximo día 22 de este mes irán a la huelga si no se les da soluciones y el 4 de junio se manifestarán en Madrid en una concentración que se ha convocado a nivel nacional.
Estos profesionales solicitan que con «urgencia» se acuerden una serie de medidas para reforzar su independencia. Además piden que se modernicen los sistemas de trabajo y racionalice la planta. Jueces y fiscales exigen más medios materiales y personales para poder hacer frente a su trabajo diario que se ve ralentizado por una carga que entienden que no se ajusta a los plazos que se les exige, y más tras las últimas reformas que buscan agilizar los procedimientos más largos.
Reclamación conjunta
El 16 de junio de 2017 las cuatro asociaciones judiciales suscribieron un documento con '14 propuestas para la mejora de la Justicia' al que se han adherido más de 3.500 jueces y juezas y las tres de asociaciones de fiscales. Estas, por su parte, reclaman la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción , la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.
Las propuestas de las asociaciones judiciales comprendían, a su vez, desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de sus miembros. Unas son competencia de las Cortes Generales, otras del Ejecutivo y el resto del Consejo General del Poder Judicial.
Sin embargo, transcurrido un tiempo desde que se suscribió dicho documento, el balance que han hecho «no puede ser más decepcionante» . Según denuncian, el Gobierno ha renunciado a incrementar el número de miembros de la carrera judicial y fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y «no hay rastro de la racionalización de la planta, evitando así la precarización de las últimas promociones». Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años. Los profesionales además llevan años denunciando la sobrecarga de trabajo que padecen, que afecta directamente al servicio que se le tiene que dar al ciudadano.
Por otro lado también se pide la modernización de las sedes judiciales. En el caso de Cádiz se denuncia que algunas de ellas no cumplen ni siquiera las medidas de seguridad que se exigen en cualquier otra empresa. Además creen que los edificios que acojan los despachos, oficinas y salas de vistas deben ser funcionales, es decir, adecuarse a los servicios que deben de prestar y con las dotaciones necesarias para su correcto y eficaz funcionamiento.
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