El Interventor volvió a advertir sobre el riesgo de contar con la venta del Estadio

El Interventor municipal volvió a advertir en su informe sobre la propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local para la aprobación definitiva de los Presupuestos municipales de 2016 (celebrada el pasado 4 de julio) sobre los efectos que tendría para el Ayuntamiento la utilización de los 9,8 millones de euros previstos a ingresar por la venta del espacio de la Tribuna del Estadio Carranza.

Recordar que tras el rechazo del proyecto de los presupuestos por segunda vez por parte de los grupos de la oposición y pese a la estimación de las alegaciones en el Pleno extraordinario celebrado el 1 de julio, el equipo de Gobierno aprobó de forma unilateral su presupuesto. Esta actuación fue calificada por los grupos de la oposición de «bochornosa y aberrante» ya que el presupuesto se aprobó sin tener en cuenta las alegaciones presentadas y estimadas por los grupos y que hacían referencia a los supuestos «ingresos ficticios». Por un lado, los cerca de 10 millones de euros de la venta de la Tribuna del Estadio y, por otro, los más de 8 millones vinculados a subvenciones de la Junta de Andalucía que no contaban con ningún acuerdo ni convenio que las respaldara.

El informe del Interventor, fechado el mismo 4 de julio y al que ha tenido acceso este medio, justifica la aprobación de los presupuestos en Junta de Gobierno Local a pesar de existir una sentencia del Tribunal Constitucional del 9 de junio que declara nula e inconstitucional esta opción. Eso sí, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), hecho que aún no se ha producido aunque sí que se ha publicado en la página web oficial de este organismo.

Pero al llegar al final de este informe, el Interventor vuelve a decir, como ya lo hiciera en el primero que hizo sobre el anteproyecto de presupuestos, que «en cuanto a la presupuestación de 9,8 millones de euros por la Tribuna de Carranza, debería tenerse en cuenta la reclamación según ha informado reiteradamente sobre los efectos que tiene para el Ayuntamiento la utilización de este recurso puesto que implica la financiación con un ingreso esporádico no corriente una parte del presupuesto que tiene carácter estructural, como es el vencimiento de las amortizaciónes de los préstamos». Intervención añade en su informe dos advertencias más. En primer lugar que «de no llevarse a cabo este ingreso se produciría un desequilibrio (que afectaría al remanente líquido de tesorería, al resultado presupuestario, a la estabilidad presupuestaria, y que perjudicarían los plazos de pago a proveedores).

Por otro lado, lanza un mensaje al equipo de Gobierno, al que recomienda que «por razones de prudencia debería controlar el nivel de gasto y haber previsto en el anteproyecto de presupuesto que sólo pueden materializarse determinadas partidas de gastos en función de la efectiva realización de los ingresos».

A pesar de que el informe tanto de Secretaría como de Intervención era favorable para la aprobación de los presupuestos en Junta de Gobierno Local, estas advertencias ponen de manifiesto el riesgo que supone para el equipo de Gobierno la posibilidad de que la venta del Estadio no se haga efectiva finalmente. Tanto el alcalde de la ciudad, José María González Santos, como el delegado de Hacienda, David Navarro, confirmaron que ya cuentan con una decena de ofertas para la compra del Estadio y que incluso se han iniciado negociaciones con un grupo inversor.

Responsabilidad última del alcalde

El PSOE se mantiene en su misma postura contraria a los presupuestos aunque ha asegurado no querer entorpecer. Señaló que «la responsabilidad última será del equipo de Gobierno».

Por su parte, el PP ha presentado una batería de preguntas que aún no han sido contestadas por el Gobierno local en la que pide una declaración jurada del Secretario, Interventor y Secretaria accidental «de si conocían la sentencia del Tribunal Constitucional», además de la certificación testimoniada de todo el proceso de aprobación de los presupuestos, desde que se les dio el visto bueno inicialmente a la aprobación definitiva «deprisa y corriendo» el pasado 4 de julio pasando por un Pleno, que a juicio de los populares, «fue un paripé porque después no tuvieron en cuenta el acuerdo en el que se estimaron las alegaciones, a pesar de ser un órgano soberano», ha declarado el concejal del PP José Blás Fernández.