La Fiscalía no recurre el fallo que absolvió a los miembros de Valcárcel Recuperado por los altercados de la UCA

En enero de 2012 miembros de Valcárcel Recuperado fueron desalojados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz (UCA)por la Policía tras protagonizar un acto de protesta durante una conferencia que estaba impartiendo el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. En noviembre, dos miembros de este colectivo se sentaban en el banquillo, acusados de un delito de resistencia a la autoridad. Tras la celebración de la vista y practicadas las testificales, el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz, Enrique Ramírez Manchón, los absolvía el pasado mes de febrero.

Después de analizar el fallo, el Ministerio Público ha desistido de presentar recurso ante la Audiencia Provincial ya que desde que se acusó en el momento de los hechos hasta que se celebró el juicio ha habido una modificación penal que ha motivado que las conductas de los dos procesados ya no puedan ser objeto de condena penal como falta.

Cabe recordar que la fiscal solicitó seis meses de cárcel para los procesados al considerar que había pruebas suficientes de la «conducta activa» en la resistencia de los procesados y de la intervención «plenamente justificada» de los agentes. Por su parte, la defensa solicitó la absolución de sus representados al entender que no se daba el tipo de delito por el que se les juzgaba.

El hecho de que no se presente finalmente este recurso da por zanjado un caso que dio mucho que hablar y cuya sentencia también provocó cierta polémica. El juez consideró en su fallo que la actuación policial en la facultad fue «desproporcionada e indiscriminada» y que no contaba con «la necesaria legitimidad», aunque añadió, que su presencia inicialmente pudiera calificarse de «justificada, ordenada y preventiva». Para el juez, la protesta que se realizó tras el desalojo del edificio Valcárcel aprovechando la presencia del magistrado de la Audiencia, fue «censurable por sus formas y oportunidad», pero que «no tuvo la naturaleza violenta, tensa o agresiva que se denuncia».

Algunas de las expresiones que se utilizaron en dicha sentencia provocaron que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) elevara una queja ante el Consejo General del Poder Judicial al entender que en el fallo se habían utilizado «expresiones insultantes» contra la Policía. El sindicato denunció a través de un comunicado que el juez se extralimitó en sus aportaciones legales utilizando expresiones «sorprendentes y desafortunadas», como cuando expuso que la actuación de los agentes que fueron requeridos «parece evocar o rememorar etapas predemocráticas, felizmente superadas», entre otras consideraciones.