Cádiz copia el modelo de Barcelona para dar trabajo a personas sin recursos

El alcalde de Cádiz, José María González, y el gerente de la Fundación Equa, Juan Carlos Parada, han escenificado la unión entre la administración local y esta asociación para la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social de la capital. Parada ha asegurado que la oportunidad de trabajar «para la reserva de mercado y la inserción sociolaboral es tan importante que hay que plasmarlo en un plan concreto en Cádiz».

De esta forma, Cádiz sigue el modelo de oferta de empleo público que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Barcelona y que ha logrado un beneficio «de unos tres millones de euros en pocos años, un importe que ha de volverse a invertir en empleo para personas desfavorecidas», sin recursos económicos ni formación o herramientas para conseguirlo.

Así lo explica Parada pero también hay que apuntar que se trata de una modernización de lo que ya hacían las instituciones públicas locales, autonómicas y nacionales con las antiguas fundaciones para el empleo, que justo en Andalucía se han visto salpicadas por sospechas de desvío de fondos y corrupción.

Ahora se inicia un nuevo camino, que quedó marcado en el BOE del 15 de septiembre de este año con el que el Estado da potestad a las asociaciones de empresas de inserción laboral, calificándolas de 'Empresas de Interés General', o lo que es lo mismo, sustituyendo el anterior modelo de inserción por este, del que se esperan mejores resultados.

En Cádiz se han celebrado ya jornadas sobre esta nueva forma de repartir el empleo que genera la Administración Pública, de mano siempre del Ayuntamiento. Pero Parada ha declarado que «no siempre hemos podido trabajar así, por lo que nuestro agradecimiento sincero», aludiendo al anterior equipo de gobierno, «que nunca escuchó nuestras propuestas»

El gerente de Equa Cádiz ha apuntado que esta oportunidad es tan importante que no puede ser «algo que lidere alguien», sino que han de ser acciones concretas en las que participen todos; políticos, sindicatos, empresas, Universidad, asociaciones de inserción (que somos los que estamos acreditados por normativa para hacerlo). De ahí que la primera actuación será la creación «con carácter de urgencia» de «una comisión que trabaje unida».

El alcalde de Cádiz ha incidido durante su intervención ante la prensa local en que la Adiministración Pública «genera entre un 12% y un 15% del PIB de los países de la Unión Europea». Y ha subrayado que «generar empleo desde un a perspectiva responsable nos parece una obligación. Que se atienda a las necesidades de los gaditanos más desfavorecidos, en riesgo de exclusión social.

«Desarrollar los criterios de cláusulas sociales y de reservas de mercado desde la política se entiende a veces más como un 'show'», apunta González. Por todo esto, el primer edil gaditano asegura que ha querido rodearse de «la gente que viene trabajando años en esto porque es tan evidente e importante... Juan Carlos Parada, gerente de Equa, es un actor fundamental de las políticas sociales de Cádiz».

González subraya que la «capacidad que tenemos desde las instituciones de generar empleo. Las licitaciones, los proyectos, las contrataciones que se generen en el Ayuntamiento vayan a solucionar la situación de los gaditanos que lo estén pasando mal y y que sea una pata de un plan estratégico superior que tenga como objetivo desarrollar políticas de empleo que atenten contra la línea de flotación del paro en esta ciudad. Porque hemos venido para eso».

Desde septiembre de este año, las empresas de inserción social son una herramienta fundamental para la llegada al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión y para la generación de nuevo tejido económico en colectivos con especiales dificultades. Tanto que el 10 de septiembre de 2015 se publicó en BOE la norma que regula la inclusión de cláusulas sociales y la reserva de mercado laboral en la contratación pública, delegando la gestión en las asociaciones de inserción laboral.

Este hecho coincide ahora con la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas fiscales aprobadas por el Ayuntamiento, que incluyen cláusulas sociales para la contratación del 20% de trabajadores de las listas de parados en las obras públicas.