El Estado deberá indemnizar a un agente de Chiclana lesionado por un insolvente

Un agente de la Guardia Civil, perteneciente al Puesto de Chiclana , deberá ser indemnizado tras sufrir lesiones cuando detuvo, junto al resto de la patrulla, a unos delincuentes que en la madrugada del 14 de febrero de 2014 , que habían efectuado un allanamiento de morada en la que murió un anciano de 85 años , tras propinarle los delincuentes una brutal paliza para intentar averiguar donde se encontraba el dinero.

Posteriormente presentó denuncia en la Audiencia Provincial de Cádiz donde «quedó suficientemente acreditado que las lesiones causadas fueron acometidas por el detenido , que fue condenado a indemnizar al agente con la cantidad de 2.120 euros, que nunca pudo percibir ya que el delincuente fue declarado insolvente », según subraya el comunicado realizado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Al tener conocimiento de sentencias favorables en circunstancias similares, –en Policía Nacional y en Huelva de Guardia Civil (ganada por los servicios jurídicos de AUGC Huelva)–, los servicios jurídicos del colectivo, con el asesoramiento del abogado Pablo Martin-Bejarano, procedieron a solicitar dicha indemnización a la Guardia Civil, al considerar que debe ser quien indemnice al agente por sus lesiones si el condenado es declarado insolvente .

De esta forma comenzó el procedimiento para solicitar el resarcimiento de daños, que fue denegada por la cadena de mando, por lo que se vio obligado a recurrir a la vía contencioso administrativa . Así, con fecha 3 de septiembre, el juzgado de los Contencioso Administrativo de Cádiz, dictó sentencia, estimando la pretensión del Guardia Civil, porque según dicho fallo, « declara el derecho del demandante a ser indemnizado por la Administración demandada por los daños sufridos en acto de servicio y por consecuencia de éste».

La AUGC señala que estas sentencias son habituales en Policía Nacional, cuyos agentes reciben indemnizaciones cuando los condenados son declarados insolventes , pero asegura que es la primera vez que lo consigue un guardia civil en la provincia de Cádiz. Por tanto, el colectivo ve que se abre la posibilidad de poder recurrir a los distintos tribunales contenciosos, para reclamar este tipo de indemnizaciones. No obstante se muestran críticos por que «nuevamente han tenido que ser los tribunales los que den la razón y los mismos derechos de los que gozan otros funcionarios».