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La Justicia de Cádiz se echa a la calle

Más de medio centenar de profesionales gaditanos se han manifestado esta mañana contra la subida de tasas y las deficiencias del sector en los juzgados de San José

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Más de medio centenar de profesionales gaditanos se han manifestado esta mañana contra la subida de tasas y las deficiencias del sector en los juzgados de San José. La jueza decana de Cádiz, Nuria Orellana, ha leído el manifiesto que la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales había acordado como resumen de las reivindicaciones de los profesionales de la Justicia. Un manifiesto que también se ha oido en el resto de concentraciones convocadas en todas las provincias españolas. La protesta se puede calificar de histórica porque por primera vez, jueces y fiscales tanto de asociaciones progresistas como conservadoras, además de abogados y procuradores se han unido para expresar su oposición a la política de recortes en materia judicial, que frena la creación de nuevas plazas y juzgados; la falta de medios que está agudizando la ya de por sí, sobrecarga de trabajo que soporta la planta judicial gaditana; o la entrada en vigor de la ley de tasas judiciales que "va a dificultar el acceso a la Justicia" de muchos ciudadanos que no disponen de recursos económicos suficientes para litigar, acaba de afirmar Nuria Orellana.

No solo en la capital ha habido concentraciones de los profesionales de la Justicia, en Jerez los funcionarios de justicia también han vuelto a manifestarse como señal de protesta por los recortes que este año acordó el Gobierno y para el próximo la Junta de Andalucía.

Desde el SPJ-USO se valora muy negativamente la Ley de Tasas que se acaba de publicar, ya que «se trata de una grave regresión en el Estado de Derecho en nuestro País, pues pasamos de una justicia gratuita para todos, independientemente de que tengan mayor o menor poder adquisitivo, a un Justicia de pago, donde los más pudientes no van a tener restricciones al ejercicio de sus derechos, y los menos pudientes si, por ejemplo a la hora de recurrir las resoluciones judiciales, donde se implantan unas tasas abusivas y que la mayoría de ciudadanos/as, que son trabajadores, no se pueden permitir, a pesar de que tengan razón de fondo».