Rajoy pospone la explicación sobre su giro en política fiscal

Habrá que esperar hasta principios de febrero para conocer los motivos que llevaron a Mariano Rajoy a decretar el 30 de diciembre la inesperada subida de impuesto. El incremento del IRPF y del IBI supuso un claro incumplimiento del programa electoral del PP y la primera mácula en la acción de gobierno que marcó durante su discurso de investidura.

El presidente del Gobierno explicará estos detalles primero a sus colegas europeos que se reunirán el 30 de enero en Bruselas en una cumbre que Soraya Sáenz de Santamaría ha calificado de “decisiva” para España. Rajoy, por lo tanto, intenta mantener el mismo paso pausado que imprimió a algunas decisiones cuando era jefe de la oposición, sobre todo en relación a asuntos internos del PP.

Soraya Sáenz de Santamaría ha rechazado, tras el primer Consejo de Ministros de 2011, cualquier acusación sobre un cambio de rumbo en la política económica del actual Gobierno. Ha negado que Rajoy supiera antes del debate de investidura que el déficit alcanzaría el 8%. De hecho, anunció un ajuste de 16.500 millones porque «creyó» la previsión de la exvicepresidenta Elena Salgado, que situó los número rojos del Estado en un 6%.

La vicepresidenta ha desvelado que cuenta con pruebas documentales para demostrar que el PP pidió al gabinete socialista saliente estos y otros datos económicos durante el traspaso de poderes «sin obtener respuesta». Unos errores de proyección en los que incluyó el anunciado superávit del 0,4% en la Seguridad Social, que finalmente se ha convertido en un déficit de 0,06%, lo que supone una nueva desviación, en este caso de 0,5 puntos (668 millones de euros menos en las arcas del Estado).

«Hay otra realidad y las medidas también son otras. La realidad es más difícil y por eso las medidas son también difíciles», ha declarado Sáenz de Santamaría tras el cónclave en alusión a los 20.000 millones de euros más de ajuste no previsto que, según la número dos del Ejecutivo, han provocado la adopción de medidas tan «impopulares» como la subida de la carga impositiva para las rentas del trabajo y la vivienda. No obstante, ha advertido de que no vacilarán en dar pasos encaminados a cumplir con el «compromiso» de reducir el déficit, un logro que considera clave para «mantener el estado del bienestar».

Además, espera recaudar 8.171,7 millones de euros en 2012 en la lucha contra el fraude fiscal, para lo cual estudia implantar mecanismos como la limitación del pago en efectivo a partir de determinadas cantidades en algunas operaciones.

Son directrices que constan en el futuro plan general de control del fraude para 2012 que ha presentado hoy el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Ministros, ha informado a su término la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Dicho plan operará en tres ámbitos: la intensificación de la lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

La iniciativa de limitar el uso de dinero en efectivo en determinadas transacciones tiene como una de sus fuentes de inspiración la legislación que aplican países como Francia e Italia, ha explicado Sáenz de Santamaría. El Gobierno opina que esta iniciativa puede ser un elemento "muy clarificador" para detectar "grandes bolsas" de fraude y de economía sumergida.