Las dos familias desahuciadas de la barriada El Arenal serán realojadas en un hotel

Las familias de Ana Soto y Antonia Fernández acaban de vivir seguramente las horas más angustiosas de su vida. Tras recibir a finales de la pasada semana una notificación judicial de desahucio, esta mañana a primera hora varios agentes de la Policía Autonómica se han desplazado hasta el domicilio para cumplir con el auto del juez, en el que la Junta de Andalucía y su Consejería de Obras Públicas les instaba a dejar de habitar una vivienda de la que no son los legítimos titulares.

La historia se remonta a más de quince años atrás, cuando llegaron a estos inmuebles de titularidad pública en régimen de alquiler, tras acordar verbalmente con sus anteriores inquilinos su ocupación. Tras pagar una módica cantidad las dos familias comenzaron a vivir pagando una cuota como hacía su anterior propietario de apenas 15 euros mensuales. Sin embargo, hace unos meses una denuncia puso en alerta de lo que ocurría a Obras Públicas.

La administración corroboró la situación de ocupación anómala de un piso destinado a familias con pocos recursos, y abrió el expediente para desalojar a estas familias, que se quejaban amargamente esta mañana de «ser nosotros quienes paguemos esta injusticia».

Esta mañana, la mediación de dos técnicos municipales han facilitado que ni Ana ni Antonia, con sus parejas y sus tres hijos, hayan quedado en la calle. La solución provisional acordada ha sido el abandono voluntario de los pisos, y su realojo temporal por espacio de quince días en un hostal de la localidad, a la espera de que las delegaciones de Servicios Sociales y Vivienda del Ayuntamiento de Chiclana busquen un nuevo hogar de alquiler para los afectados.

Los pisos que ocupaban hasta esta mañana serán destinados a otras familias con necesidades, y dependen de la administración autonómica.