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Vista del mapa que ha publicado el Gobierno localizando las fosas./ EFE
Memoria histórica

El primer mapa de fosas comunes recoge 2.200 localizaciones

Las Comunidades Autónomas donde más se han localizado son Aragón y Andalucía, que suman casi la mitad de los lugares identificados

MATEO BALIN
MADRIDActualizado:

El primer mapa de fosas que ha presentado el Gobierno reúne más de 2.200 osarios comunes que se han contabilizado con víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista posterior. La lista incluye 329 fosas que ya han sido abiertas totalmente y 42 que se abrieron parcialmente, además de sepulturas desaparecidas (cuya ubicación se conoce, pero a la cual no se puede acceder debido a la acción de agentes externos), las que todavía no se han abierto o aquellas cuyos restos fueron trasladados al Valle de los Caídos.

Casi la mitad de las 2.246 fosas registradas a partir de los datos de Comunidades Autónomas, ONG y asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, se encuentran en Aragón (594) y Andalucía (492). Le siguen Asturias (320), Castilla y León (187), Cataluña (151), Castilla-La Mancha (139), País Vasco (92), Comunidad Valenciana (85), Madrid (51) y Extremadura y Galicia, ambas con 46 fosas.

Las comunidades con menor número de enterramientos son Navarra (16), Cantabria (7), La Rioja y Murcia, ambas con 6, Baleares (4), Canarias (2), y Ceuta y Melilla, una en cada ciudad autónoma.

Nueva página del Gobierno

La nueva página de Internet www.memoriahistorica.gob.es reúne toda la información sobre “los nuevos derechos reconocidos a las víctimas, contribuir a cerrar heridas y eliminar cualquier elemento de división entre los ciudadanos”, en el marco de la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007.

Los internautas también pueden acceder a información sobre subvenciones, reparaciones o la forma de acceder a la nacionalidad española, que la ley concede a los miembros de las brigadas internacionales que lucharon en el bando republicano, así como a los descendientes de exiliados.

Desde 2006, el Gobierno ha destinado 5,9 millones de euros a exhumaciones, aunque las asociaciones de familiares lo consideran insuficiente y reclaman que el Estado se encargue de la totalidad del proceso.