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Dos años de cárcel para el clan de narcos que vendía droga en San Benito

La Fiscalía ha llegado a un acuerdo con las defensas que ha posibilitado que no se celebre el juicio

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Después de algo más de una hora de arduas negociaciones, durante las cuales se percibía el nerviosismo y la incertidumbre de los presentes en el juzgado, finalmente la Fiscalía llegó esta mañana a un acuerdo con las defensas que ha frenado la celebración del juicio contra nueve imputados por tráfico de drogas. Todos ellos han reconocido los hechos, lo que unido a las dilaciones indebidas que con el nuevo código penal se han convertido en una atenuante específica, ha posibilitado una reducción de penas por la que ninguno de ellos pisará la cárcel. Cabe destacar, no obstante, que la mayoría había pasado ya 20 meses en prisión provisional. En concreto, Andrés M. A. ha sido condenado a dos años y ocho meses de cárcel, mientras que su mujer y su hija, Esther G. G. y Rosario M. G, respectivamente, afronta un año y 11 meses, además de una multa por el valor de la droga incautada, como en el caso de Andrés. Para el resto de los procesados: Francisco A. S. (pareja de Rosario), Julia A. C. apodada 'la gitana'; Jerónimo G. V; Antonio F. V. N; Encarnación L. G. y Domingo G. G. (hermano de Esther), se han impuesto penas de dos años de cárcel, en dos de los casos teniendo en cuenta el atenuante de drogadicción.

Para tres de los condenados, además, como no cuentan con antecedentes penales sus respectivos abogados solicitarán dos suspensiones de condena y un indulto parcial. Todos ellos, de momento, quedarán en libertad condicional. Como explicaron fuentes del caso, el atenuante de las dilaciones indebidas del procedimiento (que antes solo se aplicaba por analogía y no era considerado atenuante como tal pero que ahora ha cobrado mayor relevancia con la reforma del Código Penal) ha sido fundamental para que las peticiones iniciales de seis y ocho años de cárcel se hayan rebajado hasta tal punto. Como se recordará, las detenciones se produjeron en 2004, y la investigación partió de la denuncia de una madre que acusaba a algunos de los condenados de vender estupefacientes a su hijo, menor de edad, al que estaban amenazando por no poder pagarles.

La actividad, como han reconocido los propios inculpados, se desarrollaba en el Polígono San Benito en dos domicilios particulares pertenecientes a Andrés y Esther, junto a un bar de la avenida León de Carranza propiedad de Domingo, hermano de ésta. Allí, ofrecían diversas cantidades de cocaína y heroína a su clientela y era Julia, 'la gitana', la encargada de distribuirlos a gran escala. El resto de los implicados colaboraba de alguna u otra forma en el narcotráfico. Durante los registros domiciliarios, la Policía se incautó de un importante alijo de droga valorado en más de 52.000 euros.