Un trío único contra las mafias

En un periódico de Murcia se podía leer a finales de 2008, a cinco columnas y a página completa, la aprehensión de un alijo de 1.500 kilos en las costas de Cartagena. Las incautaciones en esa zona del Levante no habían hecho más que empezar, de ahí el despliegue informativo. Sin embargo, esa cantidad de droga intervenida dejó de ser una noticia en los diarios gaditanos hace tiempo, simplemente porque es una historia demasiadas veces contada. Esto es sólo una anécdota para explicar qué papel tiene la provincia de Cádiz en el tráfico mundial de droga, como puerta principal de entrada del hachís que se consume en Europa y como terreno donde también circula la cocaína por impulso de la demanda.

La frontera con África ha sido determinante para que el narcotráfico sea el principal quebradero de cabeza que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -una de cada cuatro personas detenidas es por delito contra la salud pública-. Pero las preocupantes cifras que deja al año esta lacra, en cuanto a número de investigaciones, procedimientos judiciales y condenas también ha configurado en Cádiz una realidad única en el país: desde hace escasos días cuenta con tres fiscales antidroga, que cubren las tres demarcaciones que tiene bien definida esta provincia, no sólo en materia judicial: Bahía y Janda, Campo de Gibraltar y Jerez (donde se incluye la Sierra y la Costa Noroeste).

Este periódico los ha reunido a los tres en un sitio vetado para las miradas de la mayoría: el búnker donde se almacenan los alijos incautados a los narcos; el almacén secreto que existe en Cádiz donde duerme la droga antes de ser destruida en unos hornos del norte. La imagen captada por LA VOZ no deja lugar a dudas: tres fiscales rodeados de centenares de fardos. «Hay mucho trabajo por delante, sobre todo ahora que ya no estamos ante un problema exclusivo del hachís sino que también se va interceptando cada vez más cocaína», explica Ana Villagómez, la más veterana en el puesto y cabeza visible de la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

Ella y su compañero en el Campo de Gibraltar, Emilio Miró, observan a la delegada de Jerez a la espera de una respuesta. Saben que la cocaína se está haciendo fuerte principalmente en la ciudad donde ella trabaja, que se está definiendo como centro de distribución provincial de esta droga. «En algunas operaciones en las que se han incautado cuatro o cinco kilos de cocaína, me he preguntado si toda esa cantidad de estupefacientes iba a quedarse en la provincia. No hay nada que nos indique lo contrario». Marián González es el último refuerzo de la sección antidroga del Ministerio Público, y en su cabeza tiene dos frentes claramente abiertos: Los clanes de larga tradición delictiva que operan en la ciudad jerezana y atajar el uso que están haciendo los narcos de la conocida autopista de la droga en que se ha convertido la desembocadura del Guadalquivir.

«Y sin olvidar la Sierra, donde ya se han detenido correos sudamericanos que venían con cocaína para entregarla a redes que operaban en pueblos de esa zona», aclara Villagómez, que recuerda cómo la Guardia Civil en el último año ha realizado operaciones que ahora investiga el juzgado de Ubrique.

A reglón seguido, la nueva fiscal antidroga para el área jerezana subraya cómo esos representantes de las grandes mafias no sólo están de paso por la zona sino que también se han confirmado los primeros indicios de asentamientos para operar desde la provincia. «La presencia de colombianos y venezolanos no se limita ya a simples vehículos de la droga. Sabemos que hay algunos que están organizando su propia red desde la provincia. Vienen para quedarse». ¿Pero se está ante una nueva ruta de la cocaína y Cádiz forma parte de su itinerario?

El sendero de la coca

Esta sustancia suele ser introducida en el país a través de grandes puertos como los de Valencia y Barcelona, aeropuertos como Barajas o las costas gallegas, donde operan clanes muy conocidos. «No tenemos constancia de que se esté utilizando la infraestructura del tráfico de hachís para meter cocaína. Lo que estamos detectando hasta ahora son traficantes vinculados a las grandes organizaciones que llegan a Algeciras con la droga.

Pero no podemos hablar de una ruta específica. Aunque el puerto algecireño es un lugar muy sensible». El fiscal Emilio Miró tiene asignada la comarca del Campo de Gibraltar, que pivota sobre uno de los muelles más poderosos de Europa: «Es sin duda la principal fuente de preocupación de esta Fiscalía. Por ese puerto se mueven al día muchísimos vehículos, contenedores y pasajeros y la labor de control es esencial». Aún sigue activa la 'Operación Espuela' que supuso el desmantelamiento de una red que se valía de empleados del muelle para meter pequeños cargamentos de cocaína a través de contenedores.

El pasado jueves se realizó una nueva incautación de 120 kilos en el marco de esa operación. Y es que el narcotráfico tiene secuelas graves como la corrupción. Según han revelado varias investigaciones, los traficantes llegan a pagar hasta 300.000 euros a funcionarios policiales por hacer la vista gorda.

Delito estrella

A lo largo de 2008 (la memoria de 2009 no está concluida aún) se iniciaron 3.618 diligencias por asuntos de drogas y la Fiscalía planteó 1.879 acusaciones. No hay delito que genere estas cifras judiciales en la provincia. De ahí que los tres fiscales antidroga repitan como un mantra la necesidad de ganar en eficacia en cada una de las investigaciones. Los tres coinciden con una idea que puso encima de la mesa el anterior ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo -fiscal de carrera-, quien propugnaba un protagonismo mayor del Ministerio Público en las investigaciones penales. Eso sigue el modelo europeo donde los fiscales son los que dirigen la instrucción de un caso.

«La visión que podemos tener nosotros no la puede tener un juez de un partido judicial concreto. Aquí nos encontramos con acusados que aparecen en diferentes investigaciones y que sólo los que tenemos una visión global del problema somos capaces de enfocar la solución de forma conveniente. En cambio, un juez de Instrucción desconoce qué ocurre fuera de su demarcación», apunta Ana Villagómez.

La especialización es esencial en esta lucha no sólo para conocer cómo funcionan estas organizaciones, sino también para evitar fallos en la investigación que lleve al traste con meses de trabajo. Así ocurre con las polémicas nulidades de intervenciones telefónicas que las defensas de los narcos solicitan al inicio de los juicios, y que en más de una ocasión son confirmadas por el tribunal, abocando la causa a la absolución aunque los procesados hayan sido detenidos con droga en las manos.

«La aplicación de la ley es igual para todo el mundo, y aunque sea un delincuente, no se pueden violar derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones», explica Miró. «Sí, pero es complicado explicar a la ciudadanía cómo un narco es declarado inocente», apostilla González. «Ahora bien, si se está encima de ese asunto desde el inicio, el fiscal puede alertar de cualquier error en la instrucción, evitando que se cometan fallos», responde Villagómez.