La Fiscalía investiga a Air Comet por estafa a los viajeros

El cierre de aerolínea Air Comet, que la pasada Navidad dejó tirados en los aeropuertos a miles de viajeros que habían pagado sus billetes, ya es materia de indagación judicial. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió ayer diligencias de oficio para investigar una presunta estafa por parte de la dirección de la compañía, propiedad del presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y del dueño del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual, que habría vendido pasajes pese a saber que la quiebra era inminente.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, adoptó esa decisión contra el criterio del juez Santiago Pedraz, que la semana pasada rechazó una denuncia de ocho asociaciones consumidores en nombre de medio millar de afectados. Argumentaba Pedraz que la acusación de los usuarios eran «meras afirmaciones» insuficientes para abrir un procedimiento penal. El Ministerio Público discrepa y cree que de la denuncia «se desprenden con meridiana claridad hechos de apariencia delictiva» que afectaron a «un elevado número de personas».

La Fiscalía quiere aclarar si Air Comet vendió un número «elevado» de billetes en diciembre pese a saber que «no iba a poder prestar el servicio contratado». Una de las claves del caso será el informe solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, para averiguar si la compañía mantuvo abiertos sus canales de venta después del 18 de diciembre. Ese día un juez de Londres le ordenó cesar de inmediato las ventas, e inmovilizar al lunes siguiente los aviones por no pagar 17 millones de euros que debía en concepto de alquiler al banco alemán Nord Bank, dueño de los aparatos.

Víctima

El resultado es conocido. Air Comet cerró el 21 de diciembre. Dejó en tierra a 7.000 viajeros a las puertas de la Navidad, y sin empleo a casi 700 trabajadores. Dos días después, su presidente, Díaz Ferrán, dio la cara para defender su gestión y se presentó como una víctima de la crisis, de la banca -por no concederle créditos- y de una decisión judicial «desproporcionada» que le dejó sin margen de maniobra para salvar a la compañía ni dar una solución a sus clientes.

El Ministerio de Fomento reveló días después que ofreció a la empresa la posibilidad de un «cierre ordenado», que no dejara tirados a los viajeros, tras negociar con Nord Bank una moratoria hasta el 10 de enero. La secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, afirmó que Air Comet rechazó la oferta y decidió el cierre inmediato, que desató el caos.

Las asociaciones de consumidores presentaron un recurso ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que piden que obligue al juez a investigar los hechos. Los afectados aportan datos de centenares de viajeros, que acreditarían «la venta de billetes y correlativa percepción de cantidades» hasta los días 18 y 19, cuando los directivos tenían «pleno conocimiento de la insolvencia».