Julio Alberto Poch, ayer, en la Audiencia Nacional. :: EFE
ESPAÑA

Poch pide ser extraditado por los 'vuelos de la muerte'

El piloto, detenido por su vinculación al dictador Videla, será juzgado en Argentina

MADRID. Actualizado: Guardar
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El piloto argentino Julio Alberto Poch, detenido en Valencia en septiembre por su presunta responsabilidad en los denominados 'vuelos de la muerte' durante la dictadura del general Jorge Rafael Videla, por los que fueron arrojados al mar miles de ciudadanos vivos y narcotizados entre 1976 y 1983, solicitó ayer que se autorice su extradición a Argentina para «poder defenderse» de las acusaciones que pesan sobre él.

Poch, de 57 años y nacionalidad holandesa, llevaba cuatro meses en prisión provisional en España y estaba a la espera de ser extraditado a Argentina, como habían solicitado las autoridades judiciales de aquel país. Hasta la fecha, se había mostrado contrario a esta posibilidad. Sin embargo, durante la vista que se ha celebró ayer en la Audiencia Nacional, cambió de discurso y aceptó la solicitud.

Pese a que el tribunal central también investiga los crímenes de la dictadura de Videla que afectan a ciudadanos españoles, la Fiscalía aprobó la petición de extradición al considerar que la jurisdicción del caso corresponde a Argentina en virtud del principio de territorialidad, al haberse producido allí los hechos denunciados.

Su abogado ha dicho siempre que la detención de su cliente se debió a un acuerdo a tres bandas entre España, Holanda y Argentina. Denunció que las autoridades holandesas se deshicieron de él sin darle la oportunidad de defenderse, y que el fiscal argentino acusó a su defendido sin investigar si participó en los 'vuelos de la muerte' sobre el océano Atlántico.

Poch fue arrestado en el aeropuerto valenciano de Manises el 22 de septiembre, cuando efectuaba una escala técnica el avión comercial que pilotaba. Se da la paradoja de que era su último vuelo antes de jubilarse. Estos cerca de cuatro meses de prisión provisional le «han arruinado su carrera» por unos hechos que se le imputan de los que «no existen pruebas», aseguró su abogado a la salida de la Audiencia Nacional.