El plan estrella se queda sólo en buenas intenciones

Mucho pan y poco jamón. El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de Economía Sostenible, una carcasa que contiene las líneas generales del modelo productivo a alcanzar de aquí a 2020, basado en el conocimiento, la eficiencia energética, el respeto al medio ambiente, el uso eficiente de recursos y la racionalización del gasto.

Incluye decenas de medidas para mejorar el entorno económico, la actividad empresarial y la sostenibilidad ambiental, pero en muchos casos sin especificar una regulación concreta. Las iniciativas tendrán una duración diferente y entrarán en vigor por separado. De ahí que, como confesó una fuente solvente del Ministerio de Economía, más que un instrumento normativo el texto es una declaración de intenciones y objetivos a medio plazo.

La ley, que José Luis Rodríguez Zapatero presentará al Parlamento el martes, nace con meses de retraso y el rechazo del Partido Popular, que la compara con los viejos planes económicos del franquismo.

Tampoco los empresarios la ven con buenos ojos, pues no admiten que un Gobierno fije por ley los sectores de futuro. De ahí que parezca difícil lograr el «espíritu de consenso» con que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega presentó el proyecto. El Ejecutivo reconoce que la norma no traerá mejoras inmediatas sobre el crecimiento y el empleo. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, admitió que el paro «seguirá siendo alto» en los dos próximos años.

El Gobierno ha incluido en la norma un plan de austeridad y limitación en el gasto de la administración pública, y un fondo de capital de 20.000 millones gestionado por el ICO para financiar a todos los sectores ligados a la aplicación de estas reformas. Entre los proyectos a financiar (mediante préstamos, créditos y avales a empresas) están los vinculados con el fomento del turismo sostenible; desarrollo de infraestructuras del transporte; tratamiento y gestión integral de residuos; salud y biotecnología, energías renovables y rehabilitación de edificios y viviendas.

En este último aspecto, quizá el más interesante para el ciudadano de a pie, es donde el Gobierno da más detalles. Desde la entrada en vigor de la norma y hasta finales de 2012 habrá una nueva deducción del 10% en el IRPF en las obras en la vivienda habitual relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida. La base anual máxima de deducción será de 3.000 euros.

IVA reducido

Para impulsar esos trabajos se ampliará la aplicación del tipo de IVA reducido -en julio de 2010 subirá del 7% al 8%- en obras de rehabilitación, que hasta ahora sólo aplicaba a servicios de albañilería. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, cree que esa bajada del tipo será compensada por más ingresos acumulados por IVA y por «ahorro en la protección por desempleo», pues muchos parados podrán emplearse en esas obras.

La ley modificará, a partir de enero de 2011, las deducciones por la compra de vivienda habitual, que sólo percibirán contribuyentes con rentas anuales inferiores a 24.107,20 euros. Cuando la base imponible sea inferior a 17.707,20 euros se mantendrán las deducciones en la cuota actual (15%), con un límite anual de 9.040. Entre 17.707,20 y 24.107,20 euros de base habrá una reducción gradual. La ley equiparará también las deducciones por alquiler con las de compra.

Otro paquete de iniciativas persigue mejorar la competitividad. Disminuyen los plazos y costes para la creación de empresas, se limitan a 30 días los tiempos de pago de las administraciones y a 60 los de cobro de los pequeños y medianos negocios. Las modificaciones de los contratos públicos no podrán superar el 20% del precio del contrato y el porcentaje de subcontratación que se podrá exigir a los adjudicatarios podrá subir hasta el 50% para favorecer la actividad de las pymes.

El Gobierno ha hecho un guiño a la opinión pública, que reclama más presión fiscal sobre las rentas más altas, pero sin poner topes a las retribuciones de los directivos del sector financiero. «No queremos ser los primeros, máxime cuando las entidades españolas no han adolecido de los problemas sufridos por las de otros países», dijo Salgado.

Por ahora se equipara la fiscalidad de las ganancias de los ejecutivos que cobran más de 600.000 euros al año cuando perciben compensaciones plurianuales, en efectivo o mediante opciones sobre acciones, e incluye las indemnizaciones por despido, con la única excepción de los planes de pensiones. Si hasta ahora se veían favorecidos con un 40% de exención, esa ventaja desaparece. En contrapartida, la remuneración de los consejeros de todas las sociedades cotizadas tendrá que someterse a la votación de las juntas de accionistas de forma individualizada.

La ley establece principios de buena regulación económica. Reforma la estructura y funcionamiento de los organismos reguladores. Se reduce a cinco el número de miembros de los Consejos de los reguladores de industrias de red, las comisiones nacionales de Energía, Telecomunicaciones, Servicio Postal y Competencia, que serán nombrados por el Gobierno para mandatos de seis años sin opción a renovación. Los presidentes de cada organismo deberán dar cuenta cada año de sus actuaciones al Parlamento. Además, hay medidas de ahorro y eficiencia energética.