Vía de urgencia

El auto de procesamiento dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el que acusa a los dos piratas somalíes del secuestro de los tripulantes del pesquero Alakrana y de otros delitos, pero excluyendo el de asociación ilícita, imprime celeridad a un procedimiento judicial de cuyo desenlace se ha interpretado que depende la suerte de los rehenes. Pero también supone un camino sin vuelta atrás que tapona cualquier fórmula legal para actuar sobre los detenidos que no pase por la Audiencia Nacional. Dado que la Fiscalía no piensa pactar la expulsión de los arrestados, el enredo que ha suscitado la situación de los dos piratas ha dejado en evidencia no sólo los problemas que supuso apresarlos. También una falta de consideración hacia los marcos legales que se podía haber evitado aun cuando lo prioritario sea rescatar sanos y salvos a los 36 tripulantes del Alakrana.