¿El verdadero problema son los políticos?

Fueron un referente social. Los hombres y mujeres que tiraron del carro a finales de los setenta para construir una democracia nueva y vigorosa a partir de una dictadura caduca eran políticos y alcanzaron un enorme crédito durante la Transición.

Treinta años después, los representantes de la soberanía popular son vistos por un porcentaje nada despreciable de ciudadanos como un problema. Cabría pensar que la afluencia de casos de corrupción -desde Gürtel a la operación Pretoria, pasando por los abundantes y variados pelotazos urbanísticos en los ámbitos municipal y autonómico- están detrás de todo. Y pese a todo, sólo el 5,2% de los encuestados por el CIS piensan en el fraude o los cohechos como un lastre para España. El 73% apunta al desempleo y casi el 47%, a la economía.

La explicación, a juicio de algunos expertos, podría estar en que la opinión pública va siempre unos pasos por detrás de los medios, lo que lleva a anticipar que el desasosiego que generan las prácticas corruptas irá en aumento en los próximos meses. Es la tendencia. Aunque no lo parezca, el 5,2% es una cifra elevada si se compara con el escaso 1,4% del mes precedente. Es más, habría que remontarse a mediados de los años 90 para encontrar un dato semejante. Aquella fue la época de mayor distanciamiento entre ciudadanía y clase política en toda la democracia.

Eran los años de Filesa, del caso Marey, de Roldán, de las escuchas del Cesid, de Amedo y Domínguez, de Urralburu, de Paesa... y de otra crisis económica.

Nunca antes, ni después, las encuestas captaron tanto desapego, tanto escepticismo. En 1995, el último de los doce años que Felipe González pasó en La Moncloa, el 33,5% de los españoles afirmaban que la corrupción era una de las peores lacras del país; el 21,5% señalaba con dedo acusador a la clase política en general y casi el 7% apuntaba específicamente al Ejecutivo. La salida de los socialistas del poder fue como una catarsis. José María Aznar llegó al poder, prometió no mirar debajo de las alfombras y, de pronto, se extendió un manto de cuasi silencio.

La corrupción no volvió a ser apenas mencionada en los barómetros del CIS durante mucho tiempo. Hay que recordar que la lista que elabora este organismo no está predeterminada; se compone con las respuestas espontáneas de los, habitualmente, 2.500 encuestados, agrupadas a posteriori en distintas categorías. Durante años, nadie pareció temer que las malas prácticas pudieran llevarse por delante la estabilidad y prosperidad de España.

De hecho, entre 2000 y 2001 el número de personas que los señalaban como problemático llegó a ser tan marginal que la etiqueta «la corrupción y el fraude» incluso desapareció de la tabla.

Luego volvió, con porcentajes inferiores al 1%, hasta que en abril de 2006 se destapó la trama de Juan Antonio Roca en el Ayuntamiento de Marbella, la operación Malaya, y la alarma creció, si bien someramente.

Pero el rechazo hacia los políticos no siempre ha estado relacionado con la corrupción.

Aquel episodio concreto del ayuntamiento malagueño no aumentó, por ejemplo, el descontento popular hacia los representes públicos. Y en cambio, en los archivos del CIS se encuentran otros episodios sonoros.

En la legislatura pasada, con la oposición volcada en denostar la política antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno acordó prisión atenuada para el etarra Iñaki de Juana Chaos, en huelga de hambre desde hacía meses.

Aquello generó un pico de opinión incluso más adverso que el actual hacia la clase política en su conjunto: el 16% la vio de pronto como un importante problema para España. Al Ejecutivo apuntaba sólo el 3,5% de los encuestados.

Ahora los políticos son vistos como un lastre por el 13,3% y Zapatero y sus ministros tienen motivos para la preocupación. El 5% de los ciudadanos considera que son uno de los principales escollos para la buena marcha del país. Solamente el último gabinete de Felipe González llegó a cuotas similares.